Otro revés para Socma en el caso del Correo

Horas después de conocerse la intervención del Correo Argentino, la Cámara de Casaciónrechazó hoy dos recursos impuestos por Socma, la empresa de la familia Macri, que pretendía dar por finalizada la investigación penal por la negociación entre la firma y el Gobierno para pagar la deuda con el Estado.

La Sala IV de Casación declaró inadmisible un planteo por falta de acción, es decir, inexistencia de delito, que había sido pedido por la empresa y que ya había sido rechazado por el juez Ariel Lijo y por la Cámara Federal. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, además, rechazaron un planteo de nulidad también interpuesto por la empresa sobre el dictamen realizado por el fiscal Gerardo Pollicita en el que pidió las indagatorias de funcionarios y empresarios que participaron de la negociación.

En base al dictamen de Pollicita, el juez Ariel Lijo ya indagó al exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, funcionarios de su confianza y directivos de Socma, todos formaron parte de la negociación para el pago de la deuda que la Justicia consideró "abusiva" para el Estado.

Después de esta resolución de Casación, el juez Lijo podrá pronunciarse sobre la situación procesal de Aguad, su colaborador Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la empresa, Jaime Kleidermacher.

El presidente Mauricio Macri fue imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni, pero no fue citado a indagatoria.

"Existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y Correo Argentino fue espuriamente concebido y a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada comprometió abusivamente al Estado, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción", había afirmado el fiscal Pollicita en su dictamen.

El caso del Correo ya había tenido novedades esta semana. Casi en simultáneo, la Justicia dispuso la intervención de la empresa y ordenó la elevación del concurso a la Corte Suprema por razones de "gravedad institucional" y ante el supuesto carácter extraordinario del caso por motivos como la cantidad de dinero, los largos plazos que se cumplieron y las demandas cruzadas entre los imputados, entre otros.