Para Cruchaga, el caso puede tener efecto en las elecciones

El viceministro de Justicia descartó un impacto económico
Mariano Obarrio
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3 de febrero de 2001  

El viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, admitió con preocupación que el futuro de la causa judicial por los supuestos sobornos en el Senado "puede tener efectos electorales", con miras a los comicios legislativos de octubre próximo, clave para el futuro del gobierno del presidente Fernando de la Rúa.

"En el momento de la elección, el ciudadano le dará importancia para definir su voto", dijo.

Y añadió que por ello "al Gobierno le conviene poner la máxima energía en su esclarecimiento".

Los fiscales de la causa Eduardo Freiler y Federico Delgado apelaron anteayer la resolución del juez federal Carlos Liporaci que había dictado la falta de mérito a los senadores sospechados de haber percibido sobornos. Pidieron el procesamiento de ocho de ellos a la Cámara Federal, acusaron a la SIDE de haber pagado las coimas a cambio de la sanción de la ley de reforma laboral, y acusaron al Gobierno de no colaborar con la investigación judicial.

El secretario de Justicia, en un reportaje concedido ayer a La Nación , opinó que "no sería observable, desde un punto de vista político, para evitar todas las suspicacias que este caso generó, que la Cámara decida apartar al juez".

Es que Liporaci está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en el ámbito del Consejo de la Magistratura.

Sobre la apelación de los fiscales, Cruchaga la definió como un "alegato político" y descartó a título personal que la reanudación del caso afecte en la economía.

-¿Qué opina de los términos de la resolución de los fiscales?

-Quiero resaltar que el presidente Fernando de la Rúa anunció siempre que respetará la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Destaco que en esta primera parte de la causa hubo respeto a la independencia de la Justicia y colaboración con la investigación.

-¿Por qué el Gobierno dijo que se politizó la causa?

-El ministro del Interior (Federico Storani) estuvo acertado, porque se refirió a lo que es evidentemente un manifiesto exceso, en términos de la mera obligación procesal de apelar -en la cual el Gobierno no se mete y respeta-. De la lectura del escrito surgen argumentos políticos dignos de un comentario del ministro político.

-Pero el mismo Presidente dijo que se politizó, no Storani.

-Pero el concepto es el mismo. Si la pieza arranca con que hay una empresa criminal y con el fracaso de Alfonsín en la ley Mucci, en 1984, y concluye con que la Argentina se encuentra en un estado terminal, un comentario político sobre esos excesos evidentes en el alegato político de los fiscales no es intromisión ni significa atacar la investigación.

-Dicen que el Gobierno no colaboró con la investigación.

-Colaboró, no sólo con lo que requirió el juez, sino que la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, inició una investigación y sus resultados fueron remitidos a los fiscales, al igual que lo actuado por la Sigen. Y dictó un decreto que ordenó la apertura de las cuentas de la SIDE.

-Dicen que la Policía Federal, Migraciones y el Banco Central no enviaron documentos.

-El Banco Central es autárquico, no depende del Presidente. El resto, Storani respondió que los oficios habían sido contestados. No hubo trabas para la investigación, ni las hay ahora, ni las habrá.

-¿Cree que el desempeño de Liporaci fue insuficiente?

-Liporaci está siendo analizado sin compromiso político en el Consejo de la Magistratura. Se lo está investigando fuertemente y ya se anunció para este lunes tres testigos relevantes y yo presumo que el dictamen de la Comisión de Acusación se conoce en los próximos días. El Consejo no ha sido tolerante, como insinúa el agobado Luis Moreno Ocampo, lo ha investigado a fondo. Pero es por enriquecimiento ilícito.

-¿Cómo actuó en esta causa?

-No hago comentarios; en este momento me parece imprudente.

-¿Cree saludable que la decisión de procesar a los sospechosos quede en la Cámara y no en Liporaci?

-Si fuera un pleito normal, la Cámara, al revocar la decisión, el juez de grado tiene que cumplir lo resuelto por la cámara, pero sigue al frente de la investigación. Si la Cámara decide el apartamiento, tiene que ser por otra causal.

-¿Y en este caso no quedaría el juez demasiado desacreditado políticamente por todo el contexto político que rodea a la causa?

-No sería observable, desde un punto de vista político, que para evitar todas las suspicacias que este caso ha generado, que la Cámara decida apartar al juez.

-¿Por qué cree que los fiscales politizaron el asunto?

-No los conozco y...

-¿Puede haber algún interés o sector político que mueva a los fiscales, según el Gobierno?

-Lo importante es investigar los hechos y no a los fiscales.

-¿Pero sospecha que hay un adversario político detrás de ellos?

-A mí no me consta.

-¿Lo descarta?

-No me consta. Ni especulo.

-¿Usted cree o lo sospecha que hubo sobornos?

-Me resulta inconcebible pensar en que miembros de mi gobierno hayan transitado una ruta política tan aberrante como ésa.

-En términos electorales, ¿el caso puede influir?

-La cuestión ya generó efectos en algunos casos muy fuertes. La renuncia del vicepresidente y repercusiones económicas. En el momento de la elección el ciudadano le dará una importancia para definir su voto. Por ello, al Gobierno le conviene la máxima energía en el esclarecimiento. Puede tener efecto electoral.

-¿Y puede tener impacto negativo en la economía, luego del logro del blindaje financiero?

-Si la actitud política es de esclarecimiento, lo descarto totalmente.

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