Para hacerse escuchar, nada mejor que una ONG

Reclamos: las Organizaciones No Gubernamentales son cada vez más requeridas a la hora de sentar quejas relacionadas con el Estado.
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19 de marzo de 2000  

Además de presionar con su voto cada vez que hay elecciones, ¿qué puede hacer un argentino común y corriente para que un político lo escuche?

Las opciones clásicas -presentar propuestas a algún legislador, para que las lleve al Congreso, o iniciar reclamos por medio de los tradicionales libros de quejas- son batallas de muy largo aliento, que hoy pocos tienen ganas de librar. El 13 de este mes, el propio presidente, Fernando de la Rúa, demostró su preocupación por el asunto y plasmó en un decreto (el 229/00) una propuesta ideada por el vicepresidente Carlos Alvarez desde la Secretaría de Modernización del Estado: la de obligar a los empleados públicos a brindar un trato eficiente, y en especial, amable, a todas las personas que deban realizar un trámite en las dependencias del Estado (léase AFIP, PAMI, Migraciones, Registro de las Personas, Policía Federal, entre otros).

Un mandato que se hará extensivo a los entes reguladores de servicios (como Enargas, ENRE y Etoss), para que éstos, a su vez, controlen el desempeño de las empresas privatizadas.

Luego de realizar su trámite, cada ciudadano podrá completar una encuesta en la que coloca una calificación o puntaje al trato recibido en el organismo en cuestión. Los incentivos salariales de los agentes públicos dependerán, en un tiempo, de la "nota" que se saquen en esas evaluaciones.

Aunque el decreto presidencial demuestra la intención oficial de volver al Estado "amigo de la gente", es sabido que del dicho al hecho suele haber un largo trecho. ¿Y mientras tanto? Hay quienes encontraron un atajo: las llamadas asociaciones civiles sin fines de lucro, que hoy llegan a 30.000 en la Argentina, y que han demostrado ser bastante eficaces a la hora de lograr soluciones por cuenta propia o de controlar al Estado. Así lo aseguró Florencia Bianco, joven investigadora del Grupo Sophía, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y autora del libro "Organizaciones de la sociedad civil".

Muchas de estas agrupaciones, como Conciencia, que nació con el retorno a la democracia y que hoy tiene 4200 asociados y voluntarios, intentan convencer a la gente de que no sólo los políticos pueden influir en el rumbo del país. Otras apadrinan escuelas, mantienen comedores, logran rebajas en los pasajes en colectivo o estimulan a personas con distintas capacidades. Conocidas con denominaciones muy diferentes, como Tercer Sector, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones Voluntarias, lo cierto es que no dejan de subir en la escala de la opinión pública argentina.

Confiar o no confiar

Hoy, seis de cada diez argentinos (el 58%) confían en que ellas pueden resolver los problemas sociales del país. Sólo les gana la Iglesia Católica (con el 64% de confianza). Y están, por lejos, encima de las escuelas públicas, las universidades estatales, los partidos políticos, la Justicia, los sindicatos, el Congreso y el Estado.

Así se desprende de una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Gallup de Argentina entre 1248 casos de todo el país. Pero el hecho de que tan sólo tres de cada diez argentinos confíen en el Estado (el 28%) y que el 80% crea que las ONG son hoy mucho más necesarias que hace cinco años no es un problema exclusivo de estas tierras. En 1997, el propio Bill Clinton se vio obligado a admitir que, en tan sólo tres décadas, "la confianza en la capacidad del gobierno para resolver problemas cayó bruscamente", del 75% en 1963 al 17% en 1993.

La caída en la imagen de las autoridades políticas norteamericanas fue inversamente proporcional al crecimiento de las ONG, que en los Estados Unidos proliferan como hongos después de la lluvia, y que con un comentario pueden hacer temblar a un presidente o dar vuelta una elección. Para muestra, baste el impacto que tuvieron en Seattle, cuando lograron frustrar la inauguración de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El ojo en la cerradura

En la Argentina, las asociaciones civiles dispuestas a poner el ojo en la cerradura del Estado se reunieron en un foro para aunar fuerzas. Se trata del Foro Social de la Transparencia, y está integrado por quince ONG, como Conciencia, Transparencia Internacional, Asociación Manos Limpias, Compromiso Ciudadano... los nombres hablan por sí solos.

El propio Estado ha creado dos organismos que deberían escuchar los reclamos y denuncias de los ciudadanos para erradicar la corrupción. Se trata de la Defensoría del Pueblo y la Oficina Anticorrupción, que reemplazó a la Oficina de Etica Pública de la gestión de Carlos Menem.

La figura del "defensor del pueblo" (ombudsman) fue creada en Suecia en el siglo XVIII. Su función es, en pocas palabras, convertirse en "el garante del derecho de los ciudadanos a ser informados sobre los actos de gobierno", según explica Fernando Straface, también de Sophía, en su libro "Mecanismos de control social". Cualquiera puede acercarse a la defensoría y presentar una queja contra el Estado. El ombudsman debe investigar el reclamo en un tiempo prudencial.

La Oficina de Etica Pública, creada por Carlos Menem en 1997, fue reemplazada por la Oficina Anticorrupción, a cargo de José Massoni.

La primera misión de la entidad ideada por Menem había sido la de confeccionar un "código de ética de la función pública", que obligaba a los funcionarios a presentar declaraciones juradas patrimoniales y financieras de libre acceso para el público. Aunque su último director, Luis Ferreira, se ufana de haber reunido nada menos que 23.378 declaraciones juradas, el desgaste de la imagen de la entidad llevó a De la Rúa a disolverla tan pronto como asumió en su cargo.

En su lugar, la nueva Oficina Anticorrupción recibe denuncias en la sede del Ministerio de Justicia, en Sarmiento al 300, o en su página en Internet, en la dirección http://www.jus.gov.ar

Dónde consultar

  • Asociación Fiscales sin Fronteras : teléfono 4-322-7216.
  • Asociación Conciencia: teléfono 4-322-4013 ó 314-5191. En Internet, en la página http://www.intr.net/comintar/sector3/organiza/concie.htm
  • Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) : teléfono 4-371-9968/3790.
  • Compromiso Ciudadano : teléfono 4-815-4037.
  • Control Ciudadano : teléfono 4-254-5113.
  • Fundación de Etica Pública : teléfono 4-311-4104 ó 4-313-7313.
  • Fundación para el Cambio Democrático : teléfono 4-816- 7555/6.
  • Fundación para la Transparencia en la Administración de los Estados : teléfono 4-954-0078.
  • Grupo Sophía : teléfono 4-375-6292.
  • Poder Ciudadano : teléfono 4-375-4925/6. Por correo electrónico: eduparti@pod.ciu.org.ar
  • Oficina Anticorrupción : en la dirección de Internet http://www.jus.gov.ar
  • Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires : teléfono 4-342-2429, de 10 a 18.
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