Para los analistas, el miedo al default favorece un acuerdo

La cesación de pagos complicaría al país y haría que los holdouts tiraran por la borda el juicio ganado; pronostican días de tensión
Pablo Fernández Blanco
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29 de junio de 2014  

A tono con la algarabía que despierta el Mundial de Brasil en los fanáticos, ex funcionarios y especialistas en reestructuraciones de deuda soberana eligen una metáfora futbolística para definir la situación actual por la que atraviesa el conflicto con los fondos buitre. Para ellos, tanto los acreedores rebeldes como el Gobierno ingresarán mañana en el tiempo suplementario de la discusión, que tendrá 30 días.

Si no hay acuerdo, la Argentina volverá a caer de lleno en un default, algo que no le conviene al país, pero tampoco a los holdouts. Esa debilidad es, al mismo tiempo, quizá la mayor fortaleza del gobierno de Cristina Kirchner. En otros términos: los analistas creen que el temor a la cesación de pagos, tanto del Gobierno como de los acreedores (que canjearían así un fallo a favor por una vuelta a foja cero), lubricará la negociación.

Hay quienes van más lejos: sostienen que el conflicto sólo se resolverá después del 30 de julio, cuando eventualmente el Gobierno les demuestre a los holdouts que está dispuesto a caer en default (el jueves la Argentina depositó US$ 532 millones para los bonistas, pero el juez Griesa impidió el pago) antes que mejorarles la oferta que les hizo a los tenedores de deuda que entraron en los canjes de 2005 y 2010.

Para Miguel Kiguel, subsecretario de Financiamiento durante el gobierno de Carlos Menem, "ahora sólo resta hacer lo que dijo el juez. Pero queda mucha agua por correr. Si la Argentina muestra voluntad de negociar y el juez lo interpreta así, puede reponer el stay [la cautelar que impedía embargos sobre los pagos a los reestructurados]". Y agregó que "un nuevo default no les conviene tampoco a los fondos buitre. Implicaría barajar y dar de nuevo".

La unión por el espanto y no el amor que genera un eventual default es, también para el ex presidente del Banco Central Martín Redrado, uno de los principales puntos que abre la puerta a la salida negociada. "Está dada una convergencia de intereses tanto de los holdouts como de los bonistas, el juzgado y el Gobierno, que quiere solucionar el tema. Perdimos oportunidades y hay cada vez menos margen, pero se puede llegar a un acuerdo. La clave es no pagar demás ni complicarse para el futuro", sostuvo.

Preocupación por la economía

Como en cualquier juego contra reloj, también en el caso de la deuda, para Redrado "cada día que pase será peor". Al menos en ese punto, lo mismo piensa Arnoldo Bocco, ex director del Banco Central. "Vamos a tener días de mucha presión", explicó. "Griesa es parte del problema. Asume una posición extremadamente activa. Pero desde el momento en que la negociación derivó en un privado [Daniel Pollack, designado por el juez la semana pasada], puede ser menos conflictiva." Bocco también vaticina la posibilidad de una nueva cautelar, "un stay u otra figura", que permita a la Argentina cumplir con sus pagos, bajar el tono de la disputa y avanzar en la negociación.

Marcelo Etchebarne, abogado y socio del estudio Cabanellas, tiene una visión con matices en comparación con la de los economistas. Sostiene que la Argentina entraría en default mañana (cuando los bonistas deberían recibir los fondos, algo que no ocurriría por la orden de Griesa de anteayer) y luego comenzarán 30 días en los que se persistiría en la cesación de pagos.

Cree que un eventual acuerdo puede llegar a partir del día 31, cuando los holdouts vean que el país está dispuesto a defaultear antes que a violar la cláusula RUFO (igualdad de condiciones para todos los acreedores), algo que pondría a los funcionarios en una posición incómoda. El abogado deja también una recomendación: "Cuando se llegue a un acuerdo, es hora de establecer un mecanismo que permita arreglar todo el problema y dejar de tener sobresaltos eventuales".

El ex secretario de Finanzas Daniel Marx insiste en que el eventual default es una mala noticia para los fondos buitre. Le preocupa, también, el comportamiento de la economía real durante los próximos 30 días. Por caso, las empresas que quieran colocar deuda en el exterior -YPF recurrió a esa herramienta en el pasado- tendrán dificultades y quienes tengan títulos sufrirán un período de mucha volatilidad.

"Veníamos con una actividad en caída, con problemas de empleo e inversión. Esto no va a mejorar, o todo lo contrario. Empeorará si no se llega a una solución", lamentó.

Pese a los cortocircuitos, la mayoría se inclina por un final negociado. En las últimas semanas circularon documentos que deslizaban que los fondos buitre aceptarían pagos en bonos, un plan similar al ofrecido a Repsol, pero a un plazo mayor.

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