Para los jueces, una tregua con el Gobierno "sería inmoral"

La Asociación de Magistrados consideró ayer que sería "inmoral", un "escándalo" y un acto de "corrupción" que los jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py acuerden una tregua con el Gobierno hasta diciembre, tal como reveló LA NACION anteayer.

"Los jueces no pueden negociar" con la Casa Rosada, señaló el titular de la Asociación, Ricardo Recondo, al ser consultado sobre las negociaciones que la Casa Rosada impulsa a través de diversos operadores. "Los jueces van a ser creíbles cuando sean profesionales y actúen con responsabilidad y con conciencia de los efectos de los fallos que están dictando, pero eso no tiene nada que ver con negociar", añadió Recondo. "Si es cierto [por las negociaciones], lo condenaremos, pero son cosas indemostrables", argumentó.

El vicepresidente de la Asociación, Alejandro Sudera, en tanto, también criticó en duros términos que jueces y fiscales busquen un acuerdo con el Poder Ejecutivo. "No serían negociaciones políticas; eso es corrupción", consideró.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, intentó desmentir la existencia de esas negociaciones, al tiempo que concentró sus críticas sobre algunos jueces y fiscales. "Hay un grupo chico [de magistrados] que se destaca por querer jugar a la política y tratar de gobernar cuando no les corresponde", sostuvo durante su conferencia de prensa matinal.

Fernández reclamó que esos jueces y fiscales "vuelvan a su cauce y se dediquen a lo que tienen que dedicarse", al tiempo que elogió a otros magistrados que, comentó, "han hecho un trabajo encomiable", pero a los que no identificó por sus nombres.

Al tiempo que Fernández dialogaba con la prensa, sin embargo, uno de los operadores de la agrupación La Cámpora en la justicia federal, Franco Picardi, pasó por los tribunales de Comodoro Py, según reveló el portal Infobae.

Según reveló LA NACION, la Casa Rosada inició una negociación con los jueces y fiscales de Comodoro Py con el objetivo de sellar una tregua con todos los magistrados que sea posible hasta el 10 de diciembre próximo, cuando concluirá el mandato de la presidenta Cristina Kirchner.

El secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, lidera esa negociación, que en la práctica quedó en manos del secretario de Justicia, Julián Álvarez, y otros funcionarios y operadores. Entre ellos, el número dos de la ex SIDE, Juan Martín Mena, y un estrecho colaborador del ministro Julio De Vido, José María Olazagasti, a quien también señalan con funciones dentro del área de Inteligencia.

Jueces amigables

Desde Comodoro Py, en tanto, dos jueces aparecen como interlocutores o "amigables componedores" con el kirchnerismo. El primero es Rodolfo Canicoba Corral; la otra, María Servini de Cubría, confirmaron a LA NACION siete jueces y fiscales. Para Fernández, sin embargo, sostener que el Gobierno negocia una suerte de "pacto" con los jueces y fiscales resulta una "torpeza". "Hay muchísimos jueces, juezas, fiscales, que han hecho un trabajo encomiable y que merecen tenerles respeto y consideración y hacerles un reconocimiento", señaló.

En la misma línea, el ex miembro del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi remarcó que "los jueces tienen prohibido hacer política, y si negocian estarían cometiendo un delito que no sólo sería causal de remoción, sino también de prisión".

"Cualquier negociación, como las que se han denunciado -abundó Fargosi-, sería no sólo ilegal, sino que, en las actuales circunstancias, representaría una verdadera vergüenza."

La Argentina, añadió el ex consejero, "está saturada de impunidad, y lo que menos necesitamos es que algún juez negocie temas que le son obligatorios. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley".