Paralizan un sospechado negocio con Venezuela

Un hombre de De Vido había influido en beneficio de unas empresas y en perjuicio de otras
Hugo Alconada Mon
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4 de septiembre de 2010  

Temor, cautela y prudencia. Son los tres motivos que enumera la diplomacia local para explicar lo que aparece como una silenciosa decisión oficial: los gobiernos de Cristina Kirchner y de Hugo Chávez enfriaron el millonario acuerdo bilateral que sumaba empresas argentinas a las tareas de reconversión del sistema energético venezolano. Es decir, el convenio que puso al descubierto las acciones de una "diplomacia paralela", al margen de las cancillerías de ambos países.

Cuatro fuentes diplomáticas y empresariales argentinas confirmaron el congelamiento de ese acuerdo. La decisión coincide con la revelación que LA NACION hizo en julio pasado sobre la existencia de cables confidenciales enviados por el funcionario de la Cancillería Eduardo Sigal para alertar sobre el papel protagónico de José María Olazagasti, hombre de máxima confianza del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a la hora de elegir qué empresas argentinas obtenían contratos en Venezuela y cuáles serían excluidas del negocio.

"Está todo parado. Al final no vendieron ni los diez empresarios que estaban adentro, ni los dos que habían quedado afuera", explicó una alta fuente diplomática conocedora del comercio bilateral con Caracas. "Nadie se atreve a concretar nada ni a firmar ningún documento. El panorama no está claro. Ni acá ni allá se mueve un solo papel hasta que aclare", detalló.

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Consultados por LA NACION, el canciller Héctor Timerman y el Ministerio de Planificación optaron por no responder. En las empresas dijeron que el acuerdo no avanzó desde entonces, pero aún guardan la expectativa de que cobre impulso en el corto plazo. La parálisis se concentra en un rubro específico: el Programa de Trabajo N° 24 que la Corporación Eléctrica de Venezuela (Corpoelec) firmó, en abril pasado, con el Grupo de Suministros de Empresas Argentinas de Materiales y Equipamientos Eléctricos (GESA), por unos US$ 500 millones.

El escándalo estalló, no obstante, dos meses después, cuando dos empresas argentinas -Hidro-Grubert y EMA SA- se quejaron de manera formal ante la Cancillería de que habían sido excluidas, lo que Sigal, subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, verificó y puso por escrito en un cable que elevó a su superior directo, Alfredo Chiaradia -ahora enviado a Washington como nuevo embajador-, y al canciller Héctor Timerman, que por entonces acababa de asumir.

Sigal informó que el actual jefe de Ceremonial de De Vido, Olazagasti, había protagonizado una "reunión paralela" de la que excluyó a Hidro-Grubert y a EMA SA, al tiempo que sí privilegió a otras firmas locales con las que su ministerio mantenía, al parecer, mejor sintonía.

Cuando LA NACION reveló el viaje de Olazagasti, las quejas empresariales y el cable diplomático, Timerman afirmó que se trataba de una "novela" periodística, mientras que el Ministerio de Planificación Federal dijo que no se trataba de una gestión "paralela", ya que un diplomático que trabaja dentro de la órbita de Sigal, Natalio Jamer, había participado de la reunión. LA NACION comprobó que eso era falso.

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"Silencio total"

Dos meses después del escándalo, una segunda fuente diplomática optó por la ironía ante la consulta sobre novedades en el Programa 24. "Hay un silencio de radio total sobre ese tema. No se movió nada. Bueno... o a menos que la Cancillería y la embajada en Caracas lo sepan? Si hay otros funcionarios argentinos que sí saben, es otra cosa".

Desde Venezuela, tampoco llegan novedades. El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica -que había llegado a redactar el cálculo específico del dinero presupuestado para su aprobación presidencial- hace semanas que no difunde avances de la operación. Tampoco la Corpoelec ni la Compañía Anónima de Administración Fomento Eléctrico (Cadafe), mientras que sus voceros consultados prometieron buscar información actualizada. Tres días después, no lo habían hecho.

Las empresas siguen a la espera. "No sé si la palabra es «frenado», pero sí puedo decirle que la operación no avanzó", comentó uno de los ejecutivos que participó de las negociaciones. "Sí viajaron algunos técnicos venezolanos para revisar las plantas y los productos, pero eso fue antes del escándalo. Desde entonces y hasta ahora, no hicieron nada más", completó.

Con reserva de sus nombres, además, fuentes diplomáticas argentinas explicaron que, durante las próximas semanas, los negocios de "industria pesada" podrían correr la misma suerte que el ya famoso Programa 24, a la espera de que "aclare el panorama". "Son los negocios que hacía el otro ministerio", dijo un informante, y aclaró que las operaciones comerciales de otros rubros siguen su curso normal.

De hecho, el director de Integración Latinoamericana de la Cancillería, Natalio Jamer -justo por debajo de Sigal en el escalafón y el hombre que Planificación dijo que había acompañado a Olazagasti en la reunión-, condujo la semana pasada una misión comercial a Caracas para cerrar negocios de exportación alimentaria, que no sólo no se han caído, sino que irían en crecimiento.

El aparente congelamiento de las operaciones vinculadas con Planificación coincide con otro proceso dentro de la Cancillería, ya que la llamada "diplomacia paralela" comenzó a institucionalizarse dentro del Palacio San Martín, con movimientos internos de personal que inquietan a algunos sectores del cuerpo permanente del servicio exterior.

El primero es la asunción de Luis María Kreckler, con el apoyo de De Vido y la venia de la Presidenta, en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. A él se sumarían el ex subsecretario de Comercio, Industria y Minería bonaerense Ariel Schale y la ex directora general de Aduanas Silvina Tirabassi. El cuadro lo completa el ex responsable de un ente que dependía de la ex Secretaría de Agricultura, Juan Usandivaras, que quedó al frente de la fundación Exportar.

EN NUMEROS

$ 107.000

De aportes

  • Es lo que pusieron empresas fabricantes de maquinaria agrícola que exportaron a Venezuela para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Algunos que se negaron a aportar después quedaron fuera de los negocios.
  • $ 27.000

    La que más aportó

  • La empresa Metalfor puso ese dinero en la campaña. Otros aportaron 20.000, 10.000 o 5000 pesos, después de recibir pedidos de colaboración de dirigentes kirchneristas.
  • $ 4,5

    Millones

  • Es lo que aportó el sector de la salud, el que más sumó a la campaña proselitista del kirchnerismo en 2007. Esos aportes son sospechosos de encubrir serias irregularidades, al descubirse vínculos entre los que firmaron los cheques y la denominada mafia de los medicamentos.
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