Pescarmona admitió que pagó sobornos y espera ser aceptado como imputado arrepentido
El empresario reconoció que Impsa le dio casi tres millones de dólares al Ministerio de Planificación y que lo hizo "bajo presión"
Enrique Pescarmona, uno de los empresarios más ricos de la Argentina, dueño de Impsa, declaró ayer como arrepentido ante la Justicia y admitió que realizó pagos indebidos bajo presión del kirchnerismo.
Su empresa abonó al Ministerio de Planificación 2,98 millones de dólares, según surge de la acusación. A partir de su declaración como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli, ahora el juez Claudio Bonadio analizará si homologa o no el acuerdo de cooperación, lo que le permitiría acceder al beneficio de seguir en libertad. Hasta ahora, en la causa hay 16 personas como arrepentidos y otras tres a la espera de su homologación. Entre ellas, Pescarmona.
Tras su narración ante el fiscal, dos guardias del Servicio Penitenciario Federal subieron desde los calabozos del subsuelo del edificio de Comodoro Py 2002 al 5º piso a Rodolfo Valenti, vicepresidente de la empresa de Pescarmona, que está preso desde hace 25 días por haber sido quien pagó los sobornos.
La idea del fiscal es escuchar una ampliación de la declaración de Valenti para determinar si coincide con la de Pescarmona. De ser así, Bonadio podría homologar ambos acuerdos de cooperación y dejar en libertad tanto al dueño de Impsa como a Valenti, exvicepresidente de la metalúrgica.
Pescarmona siguió el ejemplo de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y expresidente de Iecsa, y de Luis Betnaza, CEO de Techint. Es decir que se hizo cargo de las acciones de sus subordinados de modo de librarlos de responsabilidad. Calcaterra admitió que los pagos que efectuó su CEO en ese momento, Javier Sánchez Caballero, los había realizado por indicación suya. En tanto, Betnaza se responsabilizó por los pagos que hizo el exdirector de administración de Techint Héctor Zavaleta.
Pescarmona llegó a los tribunales de Comodoro Py 2002 poco antes de las 17, cuando ya no quedaba nadie en los pasillos y la sudestada arreciaba sobre el edificio que se levanta junto al Río de la Plata. Dentro de la fiscalía, Pescarmona admitió que pagó sobornos. En su declaración, relató los problemas que tuvo Impsa durante el kirchnerismo, al punto de que lo llevaron a que la empresa terminara en quiebra.
Relató que lo marginaron de las licitaciones y que no pudo seguir haciendo negocios en la Argentina, mientras que sus filiales se expandían en el resto del mundo.
Comentó que la injerencia del kirchnerismo le impidió que prosperaran sus negocios en Venezuela. También dijo que los pagos que realizó Valenti fueron por indicación suya, dijeron a LA NACION fuentes cercanas al ejecutivo.
Pescarmona, de 76 años, llegó a los tribunales vestido con un piloto color gris, de saco y corbata. Alto, delgado, con paso marcial, avanzó hacia la fiscalía rodeado por su abogado, Marcelo Nardi, y sus colaboradores.
En los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, Pescarmona aparece mencionando en una reunión que mantuvieron el 26 de julio de 2013 con Baratta y su secretario Nelson Lazarte en la calle Libertad 1535. Mencionó que hablaban con Pescarmona de la entrega de dinero y que bajaron e ingresaron al lugar. Indicó que a los 15 minutos regresaron con "un bolso lleno de dinero".
Valenti, según la acusación, "realizó pagos por Impsa SA habiéndose reunido con Baratta en el hotel Feir's Park en varias oportunidades: ocho encuentros en 2008. En 2009 le atribuyen cuatro entregas, una de ellas por 150.000 dólares, y "una caja de vinos que Muñoz se lleva a Uruguay con una recaudación".
"En 2009, Baratta recibe 200.000 dólares", dice la acusación, que habla de otro pago de 135.000 dólares y otro de 700.000 en una habitación de hotel. En mayo de 2015, "Lazarte retira 1.500.000 dólares" en el mismo lugar.
Impsa acaba de terminar su reacomodamiento accionario. Después de 111 años, la familia Pescarmona dejó de tener la mayoría accionaria, y Enrique Pescarmona dejo de ser el CEO luego de 53 años. Un default de más de tres años, con una deuda inicial de más de US$1000 millones, hizo que Impsa tuviera que encarar una reorganización de su negocio y resignar la mayoría accionaria a sus principales acreedores: Banco de la Nación Argentina, BICE, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y bonistas.
En 2010, Impsa ganó la licitación para construir las dos megarrepresas de Santa Cruz, pero nunca obtuvo el financiamiento. Luego, el proyecto quedó en manos del empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y socios chinos.
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