Piden apurar definiciones en el caso Odebrecht

El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, exhortó al juez Marcelo Martínez de Giorgi a que avance en la causa del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento definiendo la situación procesal de los acusados y eleve el caso a juicio, más allá de las pruebas que aún no llegaron y que deben ser agregadas cuando estén disponibles.

El juez se declaró parcialmente incompetente y quiso enviar a la Justicia en lo penal económico una parte de la causa referida a transferencias por 5 millones de dólares realizadas por Odebrecht a través de un banco de Andorra a una empresa española.

Ante esta denuncia de la AFIP, el camarista Irurzun, en coincidencia con la opinión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA), dijo que las operaciones financieras podrían tratarse de simulaciones de contratos de servicios, usados por el Grupo Odebrecht como instrumento del esquema internacional de pago de sobornos.

Irurzun coincidió al afirmar que "los sucesos denunciados por la AFIP dan cuenta a priori del complejo sistema utilizado para efectuar pagos que se presumen espurios mediante contratos simulados, giros de dinero al exterior y un sistema de transferencias tendiente a dificultar la trazabilidad del dinero".

La AFIP había denunciado que en 2011 y 2012, la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento transfirió a través de la Banca Privada de Andorra U$S 4.495.250 a favor de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A.

Además, Irurzun dijo que la Argentina tiene jurisdicción legal para investigar estos hechos y rechazó los planteos de los acusados Luiz Mameri y Mauricio Couri Ribeiro, que dijeron que solo pueden ser juzgados por la justicia de Brasil.

Además, el juez Irurzun recordó que no se acreditó todavía si los brasileños están o no siendo juzgados en Brasil por los hechos del soterramiento del Sarmiento. Y dijo que hubo un acuerdo entre los Ministerios Públicos de Argentina y Brasil para que lleguen al país las declaraciones de los arrepentidos brasileños y que puedan ser usadas como prueba. "El fiscal y las querellas han dado su aval a la propuesta del convenio efectuada por Brasil, restando que el juez defina su posición", le recordó Irurzun a Martínez de Giorgi.

Y lo exhortó a que "se resuelvan las situaciones procesales de los imputados en condiciones de ser definidas, velando así por el resguardo de los intereses en juego, tomando en consideración la información y pruebas colectadas en la causa, sin prolongar su evaluación a la espera del arribo de otras, más allá de la necesidad de acceder también a aquellas".