Piden citar a indagatoria al intendente de San Isidro

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se cite a declaración indagatoria al intendente de San Isidro, Gustavo Posse (Cambiemos), imputado en una causa por supuesta defraudación en la construcción de viviendas sociales con fondos nacionales. A través de las redes sociales, Posse denunció que la solicitud del fiscal persigue un "claro propósito político" y responsabilizó al massismo.

El pedido de indagatoria de Di Lello, que ahora deberá resolver el juez federal Sebastián Ramos, incluye a otros seis funcionarios de San Isidro, los representantes de tres empresas constructoras y una funcionaria bonaerense, a quienes cuestiona por la falta de construcción de viviendas en el barrio "Martín y Omar", ubicado en el bajo de San Isidro.

Según el escrito, en ese barrio debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas, pero sólo se hicieron 44 (el 17,6%), mientras que los certificados de obra dieron cuenta que habían sido terminadas el 99,44% de las viviendas. Para el fiscal, el perjuicio para el Estado nacional asciende a 31 millones de pesos.

"[Posse] estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras", advirtió Di Lello, que antes de emitir dictamen visitó el barrio y realizó una inspección de las casas.

La respuesta del municipio tuvo ayer dos expresiones: una técnica y otra política. La primera surgió de la Secretaria de Obras Públicas de San Isidro. Señaló que los recursos nacionales suponían la construcción de viviendas en un lugar que ya contara con aptitud de suelos, servicios y trazado urbano, pero que esa no era la realidad del bajo de San Isidro, que reúne las características de un bañado. Y que, por eso mismo, parte del presupuesto nacional se destinó a poner a punto el lugar, pero también a la construcción de las viviendas provisorias para albergar a las familias y al hecho de que las casas definitivas eran más grandes que las del proyecto federal, para suplir mejor las necesidades de las familias.

En su página de Facebook, Posse apuntó al massismo. Dijo que su gestión colaboró con la investigación desde un primer momento y que le solicitaron al fiscal que se realizaran pericias para demostrar la inexistencia de los hechos denunciados. Pero remarcó que Di Lello, "en forma sorpresiva y sin realizar las pericias", solicitó la indagatoria con un "claro propósito político en perjuicio de la imagen de nuestra gestión municipal".

Atribuyó la jugada política a la concejala "Marcela Durrieu de Galmarini de Massa" (sic), autora de la denuncia original y suegra de Sergio Massa, para dar a entender que el massismo y el año electoral son parte constitutiva de la investigación de Di Lello. "El fiscal, que tiene una relación política de larga data con Durrieu, hizo lo mismo 2015, antes de las elecciones", señalaron ayer desde el entorno del intendente.

En aquel momento, Di Lello imputó a Posse por defraudación a la administración pública por más de 410 millones de pesos, por la construcción de 3246 viviendas en una decena de barrios carenciados de San Isidro.

Marcelo Veneranda