Piden citar a Cristina para que declare en la causa de la hidrovía

Las confesiones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas ya reactivan otros expedientes judiciales que investigan hechos de corrupción.

El fiscal federal Gerardo Pollicita prepara un pedido de indagatoria contra la expresidenta Cristina Kirchner en una causa que investiga específicamente la ampliación de la concesión de la hidrovía del río Paraná.

Pollicita decidió pedir la citación después de que trascendió la declaración de Gabriel Romero, del grupo Emepa, que anteayer confesó haber pagado US$600.000 para que Cristina Kirchner le renovara por decreto, en 2010, la concesión de la explotación de la hidrovía del río Paraná, que permite conectar el Atlántico y Asunción para el comercio internacional. El 20% del transporte de cargas del país circula por allí.

El decreto en cuestión es el 113/2010, que prorrogó la licitación hasta 2021. Además de la expresidenta, fue firmado por su vice Amado Boudou, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el exministro de Planificación Julio De Vido.

A todos ellos planea pedirles la indagatoria Pollicita por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con sus cargos de funcionarios y cohecho (sobornos).

Y también prevé solicitar que sean citados como acusados Romero y los funcionarios de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) que intervinieron en las negociaciones.

La confesión de Romero de esta semana les permitió a los investigadores judiciales conectar un pago registrado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno con una medida concreta del Poder Ejecutivo: el decreto 113/2010, que ya estaba bajo sospecha por los presuntos beneficios irregulares que supuso para la empresa privada en perjuicio del Estado.

Romero confesó que realizó dos pagos, de 300.000 dólares cada uno, para que el kirchnerismo le asegurara la continuidad de su negocio. Un pago se concretó un día antes de que el decreto saliera publicado en el Boletín Oficial, el otro, meses después.

Ayer Cristina Kirchner salió a despegarse de la acusación. "A mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos", afirmó en las redes sociales (ver aparte).

Según informó a LA NACION un funcionario que trabaja en el expediente, lo primero que hizo ayer el fiscal Pollicita fue pedirle a la jueza del caso Hidrovía, María Servini de Cubría, que le solicitara a su colega Claudio Bonadio, instructor de la causa de los cuadernos de las coimas, una copia de la declaración de Romero.

Una vez que la tenga en su poder y confirme lo que dijo el nuevo imputado colaborador, Pollicita concretará el pedido de indagatoria. Mientras tanto, puso ya a trabajar a personal de su fiscalía en el proyecto para solicitar las citaciones.

La causa de la hidrovía se inició por una denuncia de la entonces Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que sostuvo que los acuerdos para la negociación del contrato de concesión estuvieron direccionados a beneficiar al concesionario.

Según lo denunciado, entre otras irregularidades se acordó mantener una tarifa en dólares que fue arbitrariamente incrementada sin tener en cuenta los verdaderos costos de la explotación y otorgarle a la empresa de Romero una nueva extensión del plazo de la concesión de ocho años a cambio de trabajos de ampliación ya realizados (trabajos que, en realidad, la Uniren sostuvo que le correspondía solventar a la empresa como compensación del exceso de rentabilidad que había obtenido).

También se investiga en la causa si la ampliación del contrato de concesión en relación a un tramo de más de 1000 kilómetros encubrió en realidad la decisión de entregarle a la concesionaria una nueva obra que, según la normativa vigente, debió haberse licitado.

El caso Hidrovía reúne dos causas que están acumuladas: una por la concesión original y otra por la renegociación del contrato.

En cuanto a la primera, todos los imputados tienen dictada la falta de mérito, explicaron fuentes de la investigación. En esa lista de acusados están incluidos Romero y el exministro de Economía Roque Fernández.

La segunda es la que incluye el decreto de Cristina Kirchner. Antes de que ella lo firmara, la tarifa en dólares fijada -algo de por sí inusual, dijeron fuentes del caso- había aumentado dos veces: 45% en 2003 y 36% en 2006, y todos esos incrementos quedaron convalidados por el decreto de la expresidenta por el que ahora Romero dice haber pagado 600.000 dólares.

Carrió denunció la concesión y pidió secreto

Luego de años señalando irregularidades en la concesión de la Hidrovía del río Paraná y alertando sobre los supuestos vínculos de varias empresas de la zona con el narcotráfico, Elisa Carrió formalizó una denuncia ante el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros. La presentación ocurrió la semana pasada, antes de que el empresario Gabriel Romero admitiera que pagó coimas al kirchnerismo. Pero poco trascendió desde entonces: la diputada pidió que se imponga el secreto de sumario en la causa y el juez accedió.