Piden datos a la UIF sobre Ciccone

La Justicia requirió a la unidad antilavado que informe si recibió o investiga reportes de operaciones sospechosas
Hugo Alconada Mon
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31 de marzo de 2012  

Transcurridas casi ocho semanas desde que estalló el "caso Ciccone" , la Justicia convocó a la unidad antilavado local para que colabore con la pesquisa sobre la ruta del dinero y la madeja societaria que rodea a la imprenta de valores de seguridad más importante del país, confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION.

La Unidad de Información Financiera (UIF) ,que preside José Sbattella, deberá aportar información sobre las personas, empresas y sociedades que aparecen en el escándalo, en una trama que dificulta verificar quiénes son los verdaderos dueños de la firma que se encargará de imprimir por lo menos 400 millones de billetes de 100 pesos durante los próximos meses.

El pedido de colaboración se centra, en particular, en The Old Fund SA , la sociedad que controlaría el 70% de las acciones de la ex Ciccone, que rebautizada Compañía de Valores Sudamericana SA pasó a ser presidida por Alejandro Vandenbroele.

Detrás de The Old Fund, aparecen sociedades con movimientos en por lo menos tres países: el fondo holandés Tierras International Investments CV, las firmas gemelas Stichting domiciliadas en Ginebra, Suiza, y la sociedad uruguaya Dusbel SA.

Las cuatro sociedades muestran rasgos singulares. En el fondo holandés, se designó representante legal a Carlos "Piluso" Schneider, un retirado de la marina mercante de 75 años que cobra la jubilación mínima. Y este fondo, al igual que las firmas Stichting, figuran como disueltas en el Registro de Comercio de Amsterdam, según verificó LA NACION.

Dusbel SA, en tanto, fue creada por dos uruguayos mencionados en el informe sobre lavado de 2001, que lideró Elisa Carrió, y también en una alerta emitida por la Comisión de Valores española. Ante la consulta de LA NACION, deslindaron toda responsabilidad en dos estudios con sede en Montevideo, Etchegaray Albanell & Asociados, y BLG (por sus referentes Fernando Belhot y Juan Carlos González Lerena).

Los movimientos de dinero del propio Vandenbroele también quedaron bajo la lupa judicial. Abogado, figuraba como monotributista, pero afirmó en su juicio de divorcio y alimentos abierto en Mendoza que no podía pasarles mucho dinero a su ex mujer y su familia. Pero el 3 de septiembre de 2010, depositó $ 567.000 para levantar la quiebra de la ex Ciccone.

Siete días después, asimismo, la empresa London Supply, encabezada por Eduardo "Teddy" Taratuty y su sobrino Miguel "Mickey" Castellano -íntimo amigo de Juan Bautista Boudou, hermano del vicepresidente Amado Boudou-, transfirió otro $ 1,8 millón para ayudar a Vandenbroele a levantar esa quiebra.

Todas esas sociedades, movimientos de fondos y personas quedaron ahora bajo la revisión de la UIF, que deberá remitir sus conclusiones al expediente que impulsan el fiscal federal Carlos Rívolo y el juez Daniel Rafecas.

Los investigadores también buscan verificar si la UIF recibió o incluso analizó o aún estudia algún reporte de operación sospechosa (ROS) sobre The Old Fund SA o los otros protagonistas de la compleja trama, remitido por algún banco u otro sujeto obligado a denunciar presuntas actividades de lavado de activos.

En esa línea, la Justicia giró también "órdenes de presentación" a los bancos Macro y Provincia de Buenos Aires (Bapro) para que le remitan toda la información que posean sobre las distintas sociedades que aparecen en la trama, sobre la ex Ciccone o la nueva CVS, sus operaciones y créditos, antes o después del controvertido levantamiento de la quiebra.

Visita singular

Una tercera entidad bancaria, en tanto, continúa hasta ahora en una situación expectante. Se trata del Banco Julio SA, que además de su casa matriz en la capital de Córdoba, sólo opera una sucursal, acotada, en la ciudad de Buenos Aires.

Perteneciente a la familia Jalil y con un patrimonio neto de $ 31,3 millones, según el reporte financiero de noviembre de 2011 del Banco Central (BCRA), el Banco Julio arrastraba una acreencia incobrable contra la ex Ciccone de más de $ 2,7 millones. Y como el Bapro, habría recibido una visita singular durante el proceso de levantamiento de la quiebra, según reconstruyó LA NACION.

Hasta ahora, en tanto, la unidad antilavado se había mantenido alejada de la investigación penal, sin presentarse como querellante en el expediente como sí lo hizo en otras pesquisas sensibles.

Asimismo, la UIF tampoco había remitido hasta ayer ninguna investigación preliminar sobre actividades sospechosas vinculadas a personas o sociedades vinculadas al "caso Ciccone" a la Unidad Fiscal de Investigación de Lavado de Dinero, que encabeza el fiscal general Raúl Plee.

Primeras medidas

  • Delegación fiscal. Con el fin de reducir la presión, delegó la instrucción del sumario en el fiscal federal Carlos Rívolo.
  • Allanamientos. Ordenó una serie de allanamientos en la sede de The Old Fund, y en la casa de la mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, entre otros domicilios.
  • Ruta del dinero. Requirió a los bancos Macro y Provincia que aporten toda la documentación vinculada a la ex Ciccone.
  • Nota. La AFIP debió remitir el expediente en el que se tramitó la moratoria a favor de la nueva Ciccone; allí apareció una nota firmada por el ministro de Economía, Amado Boudou.
  • Más allanamientos. Ordenó el allanamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía para verificar cuán singular era –o no– la nota de Boudou.
  • Se suma la UIF. La unidad antilavado es convocada para que colabore con la investigación judicial. Tras recibir la denuncia, el juez federal Daniel Rafecas dispuso las primeras medidas de investigación
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