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Piden indagar a Báez en Bahía Blanca por asociación ilícita fiscal

El fiscal Castaño consideró probado que el empresario evadió bajo la protección de los jefes de la AFIP
Hugo Alconada Mon
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26 de agosto de 2016  

Tras años de silencio, el fiscal federal de Bahía Blanca Antonio Castaño acusó al presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, de liderar una presunta asociación ilícita fiscal desde esa ciudad para evadir decenas de millones de pesos, y pidió a la justicia federal que lo cite a declaración indagatoria.

Castaño también acusó a uno de los hijos de Báez -Martín-, a ocho empresarios locales y a un contador de integrar esa supuesta asociación ilícita, que emitió y usó en facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad del sur bonaerense.

El empresario K, Lázaro Báez
El empresario K, Lázaro Báez Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

El fiscal pidió así indagar a cuatro miembros de la familia Ficcadenti -Mauro, Franco, Enzo y Silvio-, dueños de las sociedades Grupo Penta, Calvento y Terrafari, y a cuatro integrantes de la familia Ferreyra -José, Denis, Jorge y Franco-, propietarios de Constructora Patagónica, además del contador Rogelio Chanquía, quien prestó servicios para varias de ellas.

Castaño remarcó que también deberá analizarse el rol que asumió la familia Pedraza, dueña de la firma Iberoamericana de Servicios. Pero estimó que mientras avanza la pesquisa sobre los Pedraza ya existen indicios suficientes para indagar a Báez y al resto por tres maniobras de evasión agravada y otras tres de evasión simple, dentro de una operatoria más amplia de una supuesta asociación ilícita fiscal.

"La finalidad de estas organizaciones -afirmó el fiscal sobre esa supuesta asociación ilícita- no es perpetrar una determinada evasión fiscal o previsional, sino brindar sustento a cualquier contribuyente que precise tal mecanismo o logística para evadir, de allí su peligrosidad."

De este modo, tanto Báez como los empresarios y el contador bahiense afrontan una acusación que podría llevarlos a la cárcel, ya que la pena prevista para ese delito es de entre tres años y medio y 10 años de prisión efectiva.

Las sospechas que ahora esboza la fiscalía, sin embargo, se extendieron aún más. Según Castaño, los Báez, los Ficcadenti, los Ferreyra y Chanquía actuaron "en connivencia" con funcionarios nacionales y de la Regional Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para causarle un perjuicio multimillonario al fiscal y encubrir toda la operatoria.

Sin embargo, la acusación de Castaño -quien según trascendió se encamina a su jubilación- sólo se concretó el 17 de este mes y trascendió ayer. Es decir, casi dos años después de que LA NACION reveló el entramado de usinas de facturas truchas de Bahía Blanca que utilizó Báez, y transcurridos ocho meses de la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada.

Efectos del dictamen

La investigación que ahora promueve Castaño puede provocar, además, una puja con la que desde Buenos Aires impulsan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan. Ambos intentan determinar si la evasión de Báez mediante facturas truchas de Bahía Blanca configura el delito precedente de las maniobras de lavado de la llamada "ruta del dinero K".

El pedido de indagatoria de Castaño, de todos modos, será analizado por la jueza federal con asiento en Viedma que subroga en Bahía Blanca Mirta Filipuzzi. Tomó el control del juzgado tras el fin de la cuestionada subrogancia de su colega de Dolores Alejo Ramos Padilla y antes del ex secretario de ese mismo juzgado Santiago Ulpiano Martínez, quien denunció que su remoción respondió a Báez y las facturas truchas.

En esa línea, el fiscal también expuso sus sospechas sobre las ex autoridades de la AFIP, locales y nacionales, a las que adjudicó "claras maniobras activas de encubrimiento". Citó testimonios que vincularon el cierre de la regional a la investigación sobre las facturas truchas locales, cuando el entonces titular del organismo, Ricardo Echegaray, lo adjudicó a un "conflicto gremial".

Según Castaño, las usinas de facturas fueron sometidas a una fiscalización "sesgada y parcializada" de la AFIP para beneficiar a Báez, a quien el fiscal le adjudicó el rol protagónico. "El jefe y organizador no puede ser otro que quien se benefició directamente con toda la maniobra aludida. Todos los actores, funcionarios o no, fueron funcionales a Báez."

La acusación del fiscal podría conllevar múltiples consecuencias inesperadas. Entre otras, porque una de las familias bahienses proveedoras de facturas truchas, los Ficcadenti, también trabajó para otras empresas, como Mercado Victoria, del Grupo Elías, que acumuló facturas por más de $ 5 millones, cerca de US$ 1,2 millones al tipo de cambio entonces vigente.

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