Piqueteros cuestionan los planes asistenciales

D´Elía y Alderete apuntan a Trabajo
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24 de junio de 2002  

SAN SALVADOR DE JUJUY.- Los líderes piqueteros Luis D´Elía y Juan Carlos Alderete denunciaron ayer públicamente la "sistemática utilización de los planes sociales por los punteros políticos".

En un plenario provincial de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que se realizó en esta ciudad, D´Elía (de la Fundación Tierra y Vivienda, enrolada en la Central de Trabajadores Argentinos) y Alderete (de la CCC) se mostraron como una "nueva alternativa" de dirigentes políticos. "Lejos de las candidaturas mediáticas y cerca de la ruptura de un régimen corrupto, mediante la gente en las calles", según describió D´Elía.

Por otra parte, al denunciar el manejo que se habría efectuado de los planes de asistencia a los sectores pobres, D´Elía manifestó que "los buitres de los gobiernos nacional y provinciales, como así también los municipios de casi todo el país, protagonizaron todo tipo de tropelías con los programas sociales, especialmente con el programa Jefes y Jefas de Hogar", resaltó.

El dirigente de la CTA agregó que en torno de los planes sociales "hubo y habrá clientelismo y actos de corrupción, pero con los gobernadores e intendentes como principales responsables", destacó.

Por su parte, Alderete dijo que en el último programa asistencial nacional, llamado para Jefas y Jefes de Hogar de Desocupados, "se logró evitar la ganancia fabulosa que algunos grupos querían hacer con estos planes sociales".

En ese sentido, Alderete agregó que los inescrupulosos "pretendían descontar plata de los desocupados para asistencia médica y riesgos de trabajo para beneficio propio".

Finalmente, el dirigente piquetero afirmó que "nosotros no somos parte de la clase dirigencial cuestionada; creo que está claro que los dirigentes sociales, como nosotros, somos la nueva alternativa, lejos de las candidaturas mediáticas y cerca de la ruptura de un régimen corrupto, mediante la gente en las calles".

Denuncias en Córdoba

Por otra parte, las sospechas de "clientelismo político" que pesan sobre los planes de ayuda social o laboral del gobierno de Córdoba no le dan tregua al gobernador, José Manuel de la Sota.

Durante la semana última, se enzarzó en una pelea con la ministra de Trabajo de la Nación, Graciela Camaño, mientras el centro de la ciudad ofrecía una de las más desoladoras imágenes de la crisis: miles de desocupados pugnando por cobrar el subsidio de 150 pesos en medio de la más completa desorganización.

Las desventuras no terminaron con el montaje de un operativo de pago que debió estar previsto con una más que prudente anticipación, porque no bien los necesitados comenzaron a ser atendidos, un juez federal se despachó con la noticia que volvió a turbar los ánimos en la Casa de Gobierno. Alejandro Sánchez Freytes, titular de uno de los juzgados con sede en esta capital, reclamó al fiscal del tribunal que se ponga a profundizar la investigación de documentación que desestimó con excesiva premura, en la que se relatan manejos poco claros en el otorgamiento de los planes provinciales Primer Paso, que facilitaban el primer empleo en el sistema formal a jóvenes de hasta 25 años, y Volver al Trabajo, para personas que perdieron su fuente laboral.

Las denuncias fueron realizadas por un ex funcionario del gobierno delasotista, Alberto Villa Uría, que se desempeñó hasta enero como subdirector de Empleo, un puesto desde el cual era testigo directo de cómo se tramitaban los subsidios. Sus señalamientos alcanzaron al programa nacional Nuevo Empleo, antecesor inmediato del que se instrumentó durante la presidencia de Eduardo Duhalde y que se conoce como Jefes y Jefas de Hogar.

El gobierno provincial deslindó responsabilidades y las transfirió a la jurisdicción de la Nación. Esa formalidad no reparó en que los miles de sufrientes necesitados estaban sobre las calles de Córdoba. Para peor, el problema se usó en disputas o en intenciones mezquinas, sospecha de la que ninguna esfera de gobierno -nacional, provincial o municipal- u organización social -que asumen la representación de sectores de carecientes- han quedado eximidas.

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