Piqueteros y sindicalistas criticaron con dureza la medida

Piqueteros y sindicalistas consultados por LA NACION rechazaron el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que ayer ratificó que los cortes de cualquier vía de tránsito constituyen un "delito".

"Es un fallo muy negativo porque trabaja sobre la idea de criminalizar la protesta", definió Néstor Pitrola, líder del Polo Obrero (PO) y uno de los principales referentes del Bloque Piquetero Nacional.

"Si los jueces actúan de esta forma tendrán que meter presos a todos. Con total desconocimiento, no evaluaron que la protesta fue pacífica y pretendía impedir que la empresa (Metrovías) permitiera conducir los trenes a gente que no tenía certificados de idoneidad", explicó Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, el gremio afectado por la decisión. "Reivindicamos cualquier protesta, siempre que no afecte la integridad de nadie", abundó.

Pablo Micheli, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dijo que "es natural que la calle o cualquier lugar público sea espacio para los reclamos; ningún gremio puede dejar de lado cualquier forma de peticionar de la forma que quiera, con la cara destapada". Y sostuvo que, "en lugar de elaborar estos fallos retrógrados, los jueces deberían colaborar a su manera con terminar con la inequidad social y no espantarse con cualquier movilización".

En igual sentido, Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, dijo que "la Justicia es fría y calculadora cuando se trata de castigar a los pobres, pero ni siquiera aplican la ley porque los ladrones de guante blanco siguen libres".

Otros cuestionamientos

"Vamos a estar en la calle reclamando el desprocesamiento de estos trabajadores", advirtió el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete. "Somos solidarios con los manifestantes porque la protesta es lo único que tenemos para defendernos. Los jueces lo que menos hacen es garantizar derechos básicos como el trabajo, la educación y la salud", subrayó.

Raúl Castells, que conduce el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y estuvo tres años detenido por diversas protestas sociales, denunció una discriminación de la Justicia hacia los sectores pobres."Si la Cámara fuera coherente también debería procesar a Juan Carlos Blumberg y a las 150 mil personas que lo siguieron en las actos del 1° y 22 últimos", interpretó el dirigente piquetero. "Ellos eran piqueteros de clase alta que cortaron decenas de calles y ningún fiscal abrió una causa por eso", expresó.

"Este fallo guarda relación con la resolución que perjudicó a los obreros de YPF", opinó Castells en referencia a los siete piqueteros que serán llevados a juicio oral y público por interrumpir el tránsito en la provincia de Buenos Aires, por una protesta que realizaron en diciembre último.

Por su parte, el líder de una de las fracciones del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Alberto Ibarra, criticó el fallo por "judicializar la protesta social", y elogió, en cambio, la reciente resolución del juez federal Claudio Bonadío, que rechazó un pedido de desalojo de 60 familias de terrenos fiscales en la ciudad de Buenos Aires. "Lo de Bonadío sienta un precedente importante que la Justicia debe tener en cuenta hasta tanto no desaparezcan las causas sociales de la protesta", definió.

Ibarra fue acusado de bloquear el tránsito durante una manifestación frente a un local de McDonald´s en pleno microcentro porteño. Finalmente, en marzo último, fue condenado en un juicio oral por uso indebido de pirotecnia en la vía pública.