¿Plan, o sólo un mero listado?

Por Jorge R. Vanossi Para LA NACION
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22 de abril de 2004  

Los anuncios formulados por el ministro de Justicia, en nombre del Poder Ejecutivo, son numerosos, tanto que su mera lectura abarca alrededor de diecinueve páginas.

Hay ideas muy generales y también se pueden encontrar algunas precisiones, aunque no muchas. Como concepto general que merece este enfoque, trasladado por el Poder Ejecutivo a la opinión publica, puede decirse que no hay que tomarlo ni como un cheque en blanco ni tampoco merece un rechazo dogmático ab initio.

No es un programa orgánico ni es una obra que revele concepción sistemática en materia de seguridad, de justicia y de temas anexos.

Muchas de las iniciativas que aquí se propulsan tienen o han tenido estado parlamentario, ya sean por proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional en los últimos años, o bien sea, por iniciativa de los propios legisladores que han abarcado en distintos proyectos muchas de las temáticas ahora explicitadas por el Poder Ejecutivo actual.

Lo que necesita esta oferta, que formula el Poder Ejecutivo, es una nueva ordenación con precisiones normativas, pues necesitamos contar con un doble orden lógico y cronológico, porque hay tópicos que están tan estrechamente conectados con otras propuestas, que sin satisfacer unas no se pueden cumplimentar las otras, y recíprocamente.

Nosotros hemos propuesto en su momento empezar por ciertos delitos, ya que en el país, si bien el juicio por jurados está previsto desde la Constitución de 1853 (y aun en otros antecedentes previos a ésta) nunca se ha instrumentado y no sabemos cómo va a reaccionar la sociedad, ni sabemos si va a haber conciencia de la carga pública que implica para los jurados asumir tan delicada función, como es la de declarar la culpabilidad o inocencia de los acusados. Como muestra basta un botón.

También debemos señalar que las propuestas en materias de recursos deberían estar más específicas, tanto en los recursos financieros cuanto en los elementos humanos que han de aplicarlos en cada caso.

En materia de justicia electoral no se comprende realmente qué es lo que pretende el Poder Ejecutivo. Por un lado quita al juez federal electoral de la capital su competencia específica y por otro lado habla de crear dos secretarías electorales, cuando lo que corresponde hacer es completar la justicia electoral creando los juzgados electorales de primera instancia en los principales distritos.

Por ultimo hay que señalar que si este plan quiere tener alcance nacional, y nos preguntamos si ésta es realmente la propuesta, hay que tomar en cuenta la opinión de las provincias y hay que tomar en cuenta, por lo tanto, el carácter federal de nuestro Estado; carácter federal en el cual hay que respetar distintas jurisdicciones, pero que por medio de leyes-convenios se puede llegar a una unificación total o parcial de ciertas políticas entre la Nación y las provincias.

Porque no nos olvidemos que mientras los delincuentes son firmemente unitarios, y no respetan ninguna jurisdicción, el aparato estatal tiene jurisdicciones propias que hay que respetar.

En conclusión, de lo conocido hasta ahora, si bien merece respeto y consideración; debemos tomarlo en cuenta y es necesario pero no se puede soslayar la afirmación de que no hay o no exhibe una política arquitectónica; hay una respuesta espasmódica a un reclamo social impostergable. La respuesta que deben dar los poderes políticos debe ser una respuesta racional, coherente y sistémica.

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