Plantean objeciones en el Senado al proyecto de reforma del Código Procesal Penal

El Senado retomó ayer el debate del proyecto del nuevo Código Procesal Penal, en una audiencia en la que jueces, camaristas y especialistas en derecho coincidieron en elogiar el cambio del sistema inquisitivo por uno acusatorio, pero en el que también se plantearon severos cuestionamientos a varias de las disposiciones de la iniciativa.

La de ayer fue la tercera audiencia y estuvo signada por los rumores, lanzados desde usinas oficialistas, acerca de que la Casa Rosada pretendía acelerar los tiempos y llevar el proyecto al recinto la semana próxima. Esto obligó al jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto (Río Negro), a ratificar que se mantiene la fecha del 19 de noviembre para la aprobación del texto en la Cámara alta.

Entre los invitados a disertar ayer ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda estuvo el profesor de derecho penal Julio Maier, quien alertó sobre ciertas incongruencias y errores conceptuales del proyecto.

Así, elogió las metas que persigue el cambio de sistema procesal (investigación en manos de los fiscales, dictado de la sentencia de los jueces en una audiencia oral y pública y aceleración de plazos), pero aseguró que los medios establecidos en el proyecto "no son los mejores". Al respecto, afirmó que "es un progreso con relación al actual sistema, pero hay ciertas reglas que no ayudan del todo" a esos fines,

Maier también cuestionó la utilización del concepto de "conmoción social" de un hecho delictivo como vara para decidir la prisión preventiva de un acusado.

Otro punto criticado fue el de la expulsión de extranjeros atrapados en pleno delito. Los representantes del CELS criticaron que el texto es difuso en su definición de situación irregular del inmigrante. Y también destacaron, como lo hizo el juez Mariano Borinsky, que la medida ya está contemplada en la ley de migraciones.

El presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Donoso Castex, puso énfasis, aunque sin nombrarla, en la figura de la controvertida procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al reclamar que así como el proyecto habla del juez natural de una causa, también debería ocuparse del fiscal natural "como una garantía" del ciudadano. "Hay que preocuparse de que el fiscal sea independiente y hay que garantizar su independencia", afirmó.

Otra crítica elíptica a las facultades de designar o reasignar fiscales que el proyecto del nuevo Código le adjudica a la procuradora la planteó el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien pidió "mayores controles internos a la actividad del Ministerio Público".

En otro orden, el juez Luis María Cabral destacó como un defecto del proyecto que reglamente la suspensión del juicio a prueba, medida que, dijo, debería formar parte del Código Penal y no del Procesal.

Por su parte, el juez Guillermo Yacobucci cuestionó que el proyecto del nuevo Código contemple que la revisión de la condena sólo opere en beneficio del condenado, al asegurar que va en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene que no puede oponerse ni siquiera su propia convención contra el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.