Polémico plebiscito en San Luis
Para evaluar el plan social oficial
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, lo considera como la perla de su gestión, la herramienta con la que consiguió "pulverizar" la desocupación en la provincia. Para los opositores, se trata de una muestra evidente del más puro clientelismo, una trampa a los más necesitados ideada para que el gobernador y su hermano, el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, extiendan su dominio de más de veinte años en el poder puntano.
El plan de Inclusión Social, por el que cerca de cuarenta mil sanluiseños ("los pico y pala", al decir de su creador) reciben 330 pesos mensuales a cambio de siete horas de trabajo, es el motivo que divide a la provincia.
El domingo próximo, una consulta popular aprobada por la Legislatura y puesta en marcha por el gobernador determinará la continuidad del plan, y servirá como plebiscito para una gestión que recibió serias críticas.
Mientras el oficialismo prevé un aplastante triunfo, la oposición propugna sumar a los descontentos detrás de su propuesta de abstención. La consulta popular fue ideada por Rodríguez Saá algunos meses atrás, cuando las críticas contra su gestión arreciaban, las protestas ganaban la calle y los pedidos de intervención se acumulaban en el despacho del ministro del Interior, Aníbal Fernández.
"Muchos sectores objetaban este plan, e incluso quemaron la bandera en una manifestación. Creo que la consulta popular pondrá las cosas en claro", dijo a LA NACION el diputado nacional José Mirábile (PJ-San Luis), que prevé una asistencia de más del 75% del padrón a las urnas.
Por las dudas, la gobernación de San Luis inundó las calles de la provincia y la ciudad con publicidad del plan. Según fuentes a las que accedió LA NACION, la provincia gastó 1.333.000 en la campaña Pleno Empleo en San Luis (Pico y Pala) de publicidad radial, gráfica y televisiva en medios nacionales, y 416.759 para promocionar el plan en la vecina Mendoza.
"Forma parte de una campaña de mejoramiento de imagen, tras un año de pésima gestión. Intentan maquillar un espantapájaros político", dijo el político opositor Juan José Laborda Ibarra.
El abogado del obispado puntano, Marcelo Shortrede, coincidió: "Es una payasada. A los mismos que utilizan como fuerza de choque y matones a sueldo se les pide que opinen sobre el beneficio que reciben".
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