Ponen en duda el valor de un contrato

Más problemas para la misteriosa sociedad The Old Fund. Tras revisar cientos de páginas de documentos, la sindicatura que controla el resurgimiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica alertó que el contrato que une a ambas sociedades debió contar con una autorización judicial previa, ya que, por sus características singulares, podría encontrarse prohibido.

El planteo de la sindicatura se centra en el contrato que sellaron The Old Fund y la ex Ciccone, por el cual a cambio de recibir 50 millones de pesos la imprenta cedió todos sus derechos de cobro sobre toda su facturación a la sociedad cuyo único rostro visible desde que estalló el escándalo es Alejandro Vandenbroele, al que la Justicia investiga desde febrero pasado como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.

La conclusión de la sindicatura sumó así otra complicación para The Old Fund -cuyos verdaderos dueños y el origen de esos $ 50 millones aún permanecen en las sombras-, luego de que LA NACION reveló en su edición de ayer que su legajo societario desapareció -o alguien se lo robó- de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese órgano, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, está a cargo de controlar las sociedades en el ámbito nacional y porteño.

Las autoridades de la IGJ optaron ayer por el silencio y no respondieron una nueva consulta de LA NACION sobre el extravío o robo del legajo de la sociedad The Old Fund, como tampoco trascendió si la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) decidió intervenir en el sumario abierto para deslindar responsabilidades, tal como se encuentra facultada por ley.

"Totalidad de los derechos"

Por su parte, el Juzgado en lo Comercial en el que tramita el expediente de la quiebra de la ex Ciccone, a cargo del magistrado Javier Cosentino, ordenó notificar a la empresa sobre el planteo de la sindicatura para escuchar sus argumentos antes de tomar una decisión en la materia.

La sindicatura centró sus objeciones en el contrato que estipula que The Old Fund "actúa por cuenta y orden de la concursada [por la ex Ciccone] en el pago de proveedores, deudas comerciales, provisionales e impositivas para atender las obligaciones que hacen al normal giro de los negocios", mientras que la empresa le cedió a cambio "la totalidad de los derechos de cobro derivados de la facturación que genera su giro ordinario por el plazo de vigencia del contrato".

Según recordó la sindicatura, ese contrato "excedería la administración ordinaria del giro comercial de la empresa concursada", por lo que resultaría en un "acto prohibido" según la ley de concursos, aunque la decisión final dependerá de cómo se interprete el acuerdo que la ex Ciccone selló con sus acreedores en 2005.

En la causa de Cosentino, la ex Ciccone se ha negado a dar información sensible sobre sus accionistas y los contratos que firmó desde que Vandenbroele entró en la firma.