Por los dichos de Fariña, Rafecas reactiva una vieja causa contra Báez

La justicia federal pidió al gobierno nacional y al de Santa Cruz las constancias del avance de 43 obras adjudicadas a empresas de Lázaro Báez, en una causa en la que se investigan créditos del Banco Nación por hasta $ 350 millones, que obtuvo el empresario. Báez puso como garantías los certificados de avance de esas obras para obtener el dinero, pero la Justicia sospecha que no se hicieron o no se finalizaron, por lo que pidió los datos.

Ésta es una vieja causa contra Báez -preso por lavado de dinero-, que se reactivó con las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña.

El juez que la investiga desde 2010 es Daniel Rafecas y el fiscal es Carlos Stornelli, quien tras las revelaciones de Fariña reiteró un pedido que viene haciendo desde 2013 para certificar los avances de esas obras. Con Báez en la cárcel, Fariña arrepentido y tras el cambio de gobierno, el caso se reactivó.

Fariña, imputado protegido por el Gobierno tras sus revelaciones, al declarar ante el juez Sebastián Casanello dijo que existió un "plan sistemático cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas, mediante la obra pública". Y explicó que había una estructura fraudulenta para la adjudicación de obras, que involucraba al Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, a la Cámara de la Construcción y a la Sindicatura general de la Nación (Sigen), mediante el cual se favorecía a Lázaro Báez y a sus empresas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Sucesión de Adelmo Biancalani.

Sugirió que la complicidad de Báez para obtener estos beneficios llegaba al Poder Legislativo, donde se aprobaba el presupuesto para estas obras.

Fariña mencionó que el Banco Nación otorgaba a empresas de Báez créditos y que en Nación Fideicomisos se emitió un fideicomiso financiero por $ 350 millones, en el que Fariña intervino directamente.

Por eso, Stornelli pidió que Fariña declare en esta causa. Rafecas no hizo lugar al pedido, pero ordenó el resto de las medidas.

El juez pidió a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, a Vialidad Nacional y al gobierno de Santa Cruz los expedientes completos de 43 licitaciones de rutas y calles. Incluyen diversos tramos de la ruta 3, las rotondas de acceso a Trelew y a Puerto Madryn, parte de la ruta 41 en medio de la Cordillera, las cloacas de El Calafate y el Paseo Costero de El Calafate, entre otras obras que, además, abarcan 400 cuadras de asfalto en Trelew y El Calafate, y 500 en Comodoro Rivadavia.

Las licitaciones incluyen también la iluminación de calles en Luis Piedrabuena, parte de la ruta 40, la circunvalación de Caleta Olivia y la repavimentación de la ruta que pasa por el aeropuerto de Río Gallegos.

Medidas dispuestas

El juez ordenó que se saquen fotos del avance de las obras, pudiendo ser fotografías aéreas, de ser necesario, sugirió el fiscal. Además ordenó recabar la documentación y los planos de lo que estaba previsto construir.

El fiscal había pedido que se tomen testimonios de personas que puedan corroborar la realización de las obras, su finalización o su paralización. Argumentó que es necesario conocer estos avances porque la Gerencia de Supervisión de Entidades Financieras del Banco Central informó de manera extraña sobre Báez y sus créditos en el Banco Nación.

El informe señala que hubo "debilidades en la gestión crediticia, los que se comentan a continuación". Pero sigue un informe en blanco. Y luego el propio Banco Central dice que Austral Construcciones y Kank y Costilla estaban entre los clientes que "registraban excesos en los límites acordados oportunamente para adelantos en cuenta corriente".

El juez y el fiscal empezaron investigando estos acuerdos de descubierto millonarios que tenían las empresas de Báez y terminaron investigando el fideicomiso que organizó Fariña, poniendo como garantía de los $ 350 millones que prestó el banco oficial a Báez los certificados de obra que emitía el propio Estado.

El juez pidió los expedientes que acrediten las transferencias de dinero realizadas al Banco Nación por la totalidad de los certificados de obra. Báez siempre dijo en su defensa que el fideicomiso está pago y que cumplió con todas las cuotas. Y declaró que no tiene ninguna deuda producto de esa operación.

Lo que se investiga es si esos créditos se otorgaron contra respaldos reales o ficticios. Es decir, si el Estado le prestó plata al empresario favorito del gobierno sin causa legítima.

El fiscal Stornelli realizó su pedido de medidas el 14 de abril, tras la explosiva declaración de Fariña, y el juez Rafecas hizo lugar a lo solicitado el lunes de la semana pasada. Esta causa contra Báez está en manos de peritos que están haciendo un análisis de los fondos que recibieron las empresas de Báez del Banco Nación. El peritaje abarca las dos partes de la causa: el origen de la deuda con Báez, a partir de los giros en descubierto que fueron refinanciados por el Banco Nación, y el fideicomiso que realizó Fariña en 2013.

Daniel Rafecas

Juez federal

• Pidió los certificados de avance de 43 obras que sospecha que Báez no realizó, o no terminó. El empresario utilizó esos certificados como garantía para acceder a créditos del Banco Nación por $ 350 millones

Leonardo Fariña

Testigo protegido

• Declaró que el Banco Nación le otorgaba créditos a empresas de Báez. Afirmó que él mismo participó del armado de un fideicomiso por $ 350 millones. Su testimonio reactivó la causa que tiene a cargo Rafecas

Lázaro Báez

Empresario detenido

• El dueño de Austral Construcciones siempre afirmó que pagó el fideicomiso. Pero Rafecas investiga si los créditos que recibió se otorgaron contra respaldos reales, o ficticios