Preocupa la aplicación de la ley antiterrorista

Repudio y preocupación. Ésa fue la reacción de entidades periodísticas y expertos en derecho ante el avance de la Justicia contra el periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, acusado de "sedición" y de "incitar a la violencia colectiva contra las instituciones", en lo que constituye la primera aplicación de la ley antiterrorista contra un medio de comunicación.

La advertencia, negada hasta el cansancio por el kirchnerismo, impulsor de la norma, se corporizó en la tierra de Gerardo Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero -hoy en manos de su esposa, Claudia Ledesma Abdala-, que en febrero fue designado presidente provisional del Senado, lo que significa que es el segundo hombre en la línea sucesoria de la presidencia después de Amado Boudou.

El caso, condenado por la SIP, ADEPA y Fopea, entre otras entidades, ocurrió durante el conflicto policial de fin de año. El 9 de diciembre, Suárez filmó el arresto y agresión que sufrió el cabo Nelson Villagrán, un agente policial que se encontraba con sus hijas de 8 y 11 años reclamando por mejoras salariales. El periodista subió el material al portal; en ese instante, unos 40 oficiales allanaron la oficina y lo detuvieron. Recuperó la libertad después de permanecer 10 días en un calabozo y ahora enfrenta el proceso judicial que prevé penas de hasta 12 años de prisión.

"La ley antiterrorista sirve para coartar la libertad de expresión y de manifestación; es algo muy peligroso", dijo el constitucionalista Daniel Sabsay. La norma incorporó como agravante de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población. "Para poder penar a alguien la acción debe ser clara y precisa. No hacerlo es típico de los sistemas autoritarios", agregó.

Horacio González, uno de los referentes de la agrupación de intelectuales kirchneristas Carta Abierta, calificó el hecho de "inapropiado" y aseguró que "no condice con el estadio real que se le dio a la norma".

Sin cambios

Durante el debate previo a la sanción de la ley, que fue aprobada a pedido del GAFI, que combate el lavado de dinero, el director de la Biblioteca Nacional había solicitado que "el nombre y muchos de los fundamentos de la ley puedan ser revisados en otra ocasión parlamentaria"; eso no sucedió.

"Esta ley nunca debió ser sancionada. Es inconstitucional, irrazonable, inoportuna y peligrosa", manifestó el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri.

Silvana Giudici, titular de la Fundación LED, sostuvo que el periodismo para el Gobierno "es un enemigo a vencer". Y añadió: "Éste es un problema grave para toda la sociedad. Cada vez hay más agresiones contra periodistas".

En igual sentido habló Sabsay: "Esta administración [por la de Cristina Kirchner] ha sido la que más atacó a la libertad de expresión, pero hasta ahora no había atacado la libertad física de los periodistas. Esto marca una etapa de mayor persecución. Es sumamente grave; un punto de inflexión".

Suárez, ahora, espera por un nuevo llamado a indagatoria del juez Guillermo Molinari. "Esto tiene como objetivo funcionar como un disparador de autocensura para el periodismo", sostuvo Suárez, que señaló a Zamora como el responsable de llevar adelante "una persecución" en su contra.