Presión opositora por las jubilaciones

Aprobó un dictamen en el Senado con la idea de obligar al Gobierno a pagar el 82% móvil, que llevaría el haber mínimo a $ 1235
Gustavo Ybarra
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30 de junio de 2010  

La oposición avanzó ayer un casillero en su pulseada por obligar al Poder Ejecutivo a reconocer el 82% móvil para las jubilaciones, lo que elevaría el haber mínimo de los 895 pesos actuales a 1235 pesos, al emitir dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado a un proyecto que consagra ese derecho y que es resistido por el oficialismo.

Casi a la misma hora, la oposición en la Cámara baja acordó un borrador de dictamen de un proyecto similar, aunque deberá esperar que la Comisión de Presupuesto y Hacienda fije fecha para tratar el texto (como se informa por separado).

El dictamen firmado ayer en la Cámara alta deberá ser discutido ahora por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A pedido del kirchnerismo, el 13 de julio concurrirán al Senado el ministro de Economía, Amado Boudou, y el director de la Anses, Diego Bossio, para tratar de desalentar, con cifras de las cuentas públicas de ambos organismos, la ofensiva opositora.

En realidad, el recurso de convocar a los funcionarios no tiene más objeto que tratar de demorar el avance del proyecto. Con esa intención, el kirchnerismo pidió ayer a la Comisión de Trabajo que postergara el debate hasta que concurrieran Boudou y Bossio. El reclamo fue rechazado por la oposición, que decidió así dar un paso adelante con la iniciativa redactada por el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe).

Esto llevó al jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), a acusar a sus rivales de estar haciendo una jugada mediática. "Lo que quieren es una victoria para los medios", les espetó a los senadores de la oposición cuando la firma del dictamen era inevitable.

Sin embargo, desde el arco no oficialista se les recordó a los kirchneristas que Bossio ya había comentado el estado de cuentas de la Anses. Así se lo recordó Giustiniani, que citó las cifras que Bossio ofreció en su última visita a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el 31 de mayo.

Según el legislador socialista, el director de la Anses aseguró ese día que el organismo tiene un superávit de 52.000 millones de pesos, otros 160.000 millones en el Fondo de Sustentabilidad y que pagar el 82% móvil de las jubilaciones implicaría un gasto de 22.500 millones de pesos.

"Es factible"

En la misma línea, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales, se quejó: "No puede ser que la Anses esté gastando 10.000 millones de pesos en programas de computadoras y obras públicas y se niegue a reconocer lo que la Corte Suprema ya ha consagrado en varios fallos".

Y añadió: "Es posible, es factible [pagar el 82% móvil], no es una irresponsabilidad", le replicó Morales al kirchnerista Eric Calcagno (Buenos Aires), que había intentado desmerecer el proyecto porque no cuenta entre sus artículos con la especificación de la fuente de financiamiento para la mejora que se pretende dar a los haberes del sector pasivo.

También se manifestó en duros términos Eugenio Artaza (UCR-Corrientes), que le reclamó al kirchnerismo "establecer prioridades", porque "a nadie pueden tomar por sorpresa los problemas de los jubilados", dijo.

En ese sentido, cuestionó al Poder Ejecutivo por avanzar con la cancelación de la deuda y olvidar al sector pasivo. "A la hora de pagar les dimos prioridad a los bancos y al FMI, y los jubilados siguen esperando", sentenció el humorista y empresario teatral. "No podemos tener una Anses millonaria y jubilados pobres", enfatizó.

Perdido ante la inminencia del dictamen, el oficialismo buscó acusar a la oposición de irresponsable.

"No hay que obrar con demagogia con los ancianos", disparó la kirchnerista tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich. "No los engañemos, el país no puede pagar [el 82% móvil], tenemos todavía una situación de fragilidad", agregó a contramano del discurso oficial.

Ya sin esperanzas de detener el embate opositor, Pichetto afirmó que "el 82 por ciento móvil es inviable" y les advirtió a los legisladores de la oposición que con este proyecto "están sembrando el proceso de la crisis fiscal de 2014 y 2015".

El dictamen finalmente fue firmado por los ocho miembros de la oposición. Además de Giustiniani, Morales y Artaza, estamparon su rúbrica los peronistas disidentes Graciela Di Perna (Chubut) y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), la oficialista Adriana Bortolozzi (Formosa), María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capital) y el radical y presidente de la Comisión de Trabajo, Alfredo Martínez (Santa Cruz).

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