Adiós al IFE: en un mensaje al FMI, el Gobierno le pone plazo a la pandemia

El Gobierno sentenció que el año próximo no habrá pandemia y así lo explicitó en el presupuesto 2021. Salvo una partida especial destinada a la compra de la vacuna contra el Covid-19 –que totaliza $13.000 millones–, los dos principales programas de emergencia que instrumentó este año el Gobierno para atender los efectos de la pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que en diciembre sufrirá un fuerte recorte, y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), no regirán durante el próximo ejercicio.

El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, lo anticipó cuando presentó el primer presupuesto de la gestión de Alberto Fernández, en septiembre pasado. A sabiendas de que la renegociación de la deuda por US$44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) iría de la mano del reclamo de un ajuste en el gasto público, el jefe de la cartera económica diseñó un presupuesto que prevé un fuerte recorte del déficit primario, que este año escalará los 8 puntos del PBI. Para el año próximo caerá a 4,5 puntos del PBI según las proyecciones oficiales.

Con la misión del FMI ya instalada en nuestro país, Guzmán pretende exhibirles como trofeo la sanción del presupuesto 2021; el Senado, de mayoría oficialista, tiene previsto convertirlo en ley esta misma semana.

Durante su debate en el Congreso, distintas voces de la oposición advirtieron lo riesgoso que significa que, de un plumazo, se eliminen las partidas de emergencia para atender la pandemia, cuando Europa asiste a un nuevo y virulento rebrote de la enfermedad.

El oficialismo, como toda respuesta, enfatizó que ante una supuesta segunda ola de coronavirus ampliará el gasto correspondiente –por la vía de los llamados "superpoderes"– como ya hizo cuando se desató la pandemia, en marzo pasado. Esa ampliación presupuestaria, sin embargo, no fue gratuita: demandó una fuerte emisión monetaria y, consecuentemente, una inflación que no dio tregua en lo que va del año.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las medidas económicas para afrontar la crisis provocada por el Covid-19 insumieron, a octubre pasado, casi un billón de pesos ($941.328 millones).

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, admitió durante su presentación en el Senado que ni el IFE ni el programa ATP están contemplados en el presupuesto 2021. Ambas partidas demandarán una erogación de casi $500.000 millones hasta fin de año; a partir de enero próximo, el Gobierno buscará ahorrarse ese gasto.

"El proyecto de ley no contiene estas previsiones, pero sí contiene partidas para apoyar y acompañar una transición desde la emergencia a la situación de nueva normalidad", respondió el secretario de Hacienda ante las preguntas de la oposición.

Igualmente, se trata de montos bastante menores si se los compara con el casi medio billón de pesos que el Estado destinó a los programas IFE y ATP. Es el ahorro que Guzmán pretende exhibir ante el FMI para explicar, en parte, la caída del déficit el año próximo. Pero la poda también afectará importantes partidas sociales, entre ellas las asignaciones familiares, la protección social (AUH) y la Tarjeta Alimentar.