Primer fallo contra los anuncios económicos

Sólo beneficia a la diputada Castro
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5 de diciembre de 2001  

El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Silva Garretón dictó ayer la primera medida cautelar contra las restricciones al retiro en efectivo de las cuentas en las que se depositan los sueldos, y comparó las medidas económicas dispuestas por el Gobierno "con las restricciones que, respecto de la libertad física, pueden disponerse previa declaración del estado de sitio".

El magistrado se pronunció a raíz de una acción de amparo presentada por la diputada Alicia Castro (Frente para el Cambio) y decretó, respecto de la legisladora y mientras resuelve si la norma es contraria a la Constitución, "la suspensión del inciso a) del artículo 2 del decreto 1570/01, que establece restricciones a la extracción de sumas acreditadas en concepto de remuneraciones".

El fallo de Silva Garretón, que será apelado por el Gobierno, sólo beneficia a la diputada Castro. Sin embargo, ayer se presentaron ante la Justicia otras acciones individuales en contra de las medidas y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), patrocinados por el abogado laboralista Héctor Recalde, presentó la primera acción de amparo colectiva, que alcanza a todos los agentes del Poder Judicial. También se presentó una denuncia penal contra varios funcionarios.

En una resolución de 16 fojas, a la que tuvo acceso LA NACION, Silva Garretón recordó que el salario "tiene naturaleza alimentaria y está destinado a la cobertura de gastos de subsistencia, básicamente al consumo y no al ahorro, y debe abonarse en dinero". Y señaló que sobre "los importes percibidos en concepto de retribución, en principio, no puede admitirse ningún tipo de restricción a su uso o goce".

El juez destacó que "no hay argumentos en los considerandos del decreto que demuestren que la limitación de 250 pesos o dólares a la disponibilidad de fondos acreditados en concepto de sueldos es el medio adecuado para (...) evitar perjuicios mayores" para la Argentina. A criterio del magistrado, las medidas, "que no encuentran antecedentes en la historia económica de la Nación", no lograrán su propósito.

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