Procesan otra vez a D'Elía por tomar una comisaría

El piquetero kirchnerista Luis D'Elía y dos de sus colaboradores quedaron ayer nuevamente procesados por participar de la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca en 2004 , donde hubo amenazas, destrozos de instalaciones y patrulleros, y hasta una señora embarazada fue privada de su libertad.

• La toma de la comisaría en La Boca: el 26 de junio de 2004, Luis D’Elía y treinta personas tomaron la comisaría 24ª, en La Boca, para reclamar la captura de un sospechoso del crimen del Martín "el Oso" Cisneros, un militante de su agrupación. Les pegaron a policías, rompieron instalaciones y dañaron patrulleros.

Así lo resolvió la Cámara de Casación, el tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte, al revocar una sentencia de la Cámara Federal, que había declarado la prescripción del caso por el paso del tiempo. El fallo que había liberado a D'Elía de problemas había sido dictado por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que consideraron que en lugar de cometer coacción agravada, que se castiga con hasta diez años de prisión, los acusados sólo se resistieron a la autoridad, un delito castigado con hasta dos años de cárcel, en el peor de los casos.

Ese fallo fue apelado por el fiscal de Cámara Germán Moldes ante la Cámara de Casación, que revocó el sobreseimiento de D'Elía, Angel Borello y Luis Bordón. Todos venían procesados por el juez Sergio Torres. Los manifestantes, que tomaron la comisaría reclamaban el arresto de Juan Carlos Duarte, acusado de la muerte de un militante del grupo de D'Elía, Martín "el Oso" Cisneros . Pero los camaristas federales habían dicho que los acusados se limitaron a peticionar mediante amenazas e intimidación la ejecución de una orden de detención, acto propio de la policía, y ahí cometieron este delito menos grave.

El fiscal Moldes, en cambio, fue tajante al señalar que la nueva calificación no se adecua a las pruebas y que se ignoró la jurisprudencia de la Cámara de Casación. Dijo que se "tergiversó" la materia de investigación y que así, con la calificación más leve, "se aniquiló" la acción penal. Tras aclarar que no había ninguna orden de captura dictada contra Duarte, el fiscal dijo que mal puede decirse que le reclamaran a la policía su ejecución. Aseguró: "La interpretación de la Cámara [Federal] implicaría reconocer una suerte de justicia popular o la posibilidad de instaurar tribunales callejeros, que de manera espontánea, escándalo o tumulto de por medio, pueda imponer a la autoridad la ejecución de una acción en forma arbitraria".

El fiscal ante la Cámara de Casación dijo que al minimizar así el caso fueron omitidas las "aristas más tenebrosas" del hecho, como los patrulleros rotos, los policías golpeados, la irrupción de "una treintena de desaforados" en la seccional, los daños y la privación ilegal de la libertad de los que estaban en la comisaría, incluida una embarazada.

Los jueces de la Sala I de la Casación, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Raúl Madueño coincidieron y fustigaron a los camaristas. Hablaron de "inusitado desconocimiento" de la jurisprudencia que sostiene que hay que considerar el delito más grave para interpretar la prescripción y dijeron que los jueces no consideraron otros delitos mencionados en la apelación.

Los jueces de la Casación aseguraron que el fallo es arbitrario, dejaron a todos procesados e instaron a dar un trámite urgente el caso.