Procesaron a Blaquier por supuesta complicidad con la dictadura

El empresario es acusado de haber colaborado en el episodio conocido como la Noche del Apagón, en Jujuy, en 1976; no será detenido
Hernán Cappiello
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16 de noviembre de 2012  

La justicia federal de Jujuy procesó al empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ingenio Ledesma, y al ex administrador general de la firma Alberto Lemos, al acusarlos de haber participado como cómplices en la privación ilegal de la libertad de 29 personas secuestradas durante la última dictadura militar.

El juez federal Fernando Luis Poviña entendió que los acusados facilitaron camionetas de la empresa para que los cautivos fueran trasladados a dependencias policiales y al centro clandestino de detención de Guerrero.

La empresa dijo anoche que apelará el fallo, negó que hubieran facilitado vehículos y reivindicó la inocencia de los acusados.

Ese operativo ilegal, que tuvo lugar las noches del 20 al 27 de julio de 1976, en un hecho conocido como El Apagón, terminó los secuestros en la oscuridad de vecinos y referentes sindicales. El juez entendió que Blaquier dio la orden a Lemos para que facilitara esos vehículos. El magistrado embargó los bienes de los acusados por 16,5 millones de pesos y los mantuvo en libertad, pero con la prohibición de su salida del país.

El juez Poviña basó su fallo en el testimonio de víctimas que dijeron que habían sido trasladadas en camionetas de la empresa, aunque la compañía negó estas circunstancias y argumentó que pudieron haber sido tomadas por la fuerza por los policías y gendarmes que realizaron el operativo ilegal.

Blaquier se defendió al sostener que era objeto de una "persecución en su contra dada, principalmente, por organizaciones sociales que más que aportar pruebas sobre su supuesta participación en algún hecho delictivo se empeñan en criticar su pensamiento político".

El juez resumió el contexto político en que se dio el apagón luego del golpe de Estado de 1976, mencionando que el proceso militar proscribió actividades políticas y sindicales y las persiguió. Describió el juez, en un análisis de 155 carillas, las características del gobierno militar, su filosofía política, de acuerdo con los lineamientos de la doctrina de la seguridad nacional y su economía. Describió a José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de la dictadura, y al abogado Jaime Perriaux como colaboradores de "las grandes corporaciones". Tras citar links de Internet de la revista Políticas de la Memoria, del Centro de Documentación e Investigación de las Culturas de Izquierdas en la Argentina, o textos online del historiador Felipe Pigna, el juez habló del desmantelamiento del aparato sindical y el cierre de ingenios.

Sostuvo que los grupos empresarios "cooperaron" con la dictadura, al citar un cable diplomático del Departamento de Estado norteamericano que menciona el caso de una empresa de cerámicos.

Con estos elementos el juez escribió que "se desprenden del análisis historiográfico previamente realizado, y aun de los descargos [de los acusados], los fuertes nexos existentes entre grandes industriales, lobbistas y autoridades estatales y militares durante aquel ajetreado ciclo golpista de persecuciones y represión, que alcanzó su paroxismo con la última dictadura militar".

Por eso afirmó que "la Empresa Ledesma –al igual que otras industrias con sectores obreros de gran envergadura– tuvo una activa participación en cuanto a la implementación de políticas económicas y medidas dirigidas a la anulación del reclamo sindical, ejecutadas y llevadas a la práctica por parte de los sucesivos gobiernos militares bajo el engañoso y fútil intento de justificación de imponer por la fuerza la preservación de valores occidentales y cristianos".

Concluyó que "los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico-militar habrían tenido entonces por razón no sólo la preservación de una determinada ideología, sino que la represión ilegal apuntó además a la instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales".

El juez concluyó que las acciones de los acusados son delitos de lesa humanidad porque "tuvieron lugar dentro de un plan sistemático y organizado de ataque generalizado a la población civil, pergeñado por las Fuerzas Armadas". Y así lo firmó al disponer los procesamientos de Blaquier como cómplice primario de las privaciones de la libertad y de Lemos como partícipe secundario.

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