Pronóstico negro para dos propuestas de fin de mandato

Las sorpresivas nominaciones de dos candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, habiéndose ya celebrado las elecciones presidenciales cuyo proceso culminará el próximo 22 de noviembre, deben en mi opinión ser analizadas desde un doble punto de vista. Desde el plano estrictamente legal, el Poder Ejecutivo no cuenta aún con dos vacantes en la Corte Suprema, pues el juez Carlos Fayt ha anunciado que su retiro se producirá recién el 11 de diciembre próximo. El decreto 222, aprobado por el Poder Ejecutivo en 2003, mediante el que se dispone un procedimiento para la designación de magistrados en el alto tribunal, es claro cuando anuncia los pasos que deberán cumplirse producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es cierto que existe hoy en día un sitio disponible a raíz del alejamiento de Raúl Zaffaroni. Pero la vacante de Fayt no se ha producido todavía, por lo que la propuesta ya efectuada resulta prematura.

Es cierto también que, puesto que esa vacante indefectiblemente se producirá al haber hecho público Fayt su alejamiento de la Corte, iniciar ahora el proceso de designación podría considerarse una manera de adelantar un camino que tendrá lugar de todas maneras. Pero aquí es donde, ya desde otra óptica, cabe preguntarse sobre el impacto que tendrán estas designaciones en cuanto a su legitimidad en la población que aguarda la cercana designación de un nuevo presidente.

En un modelo constitucional como el de los Estados Unidos, que sirvió de inspiración al nuestro, fue el mismo Senado el que en seis oportunidades a lo largo de la historia se rehusó a otorgar el acuerdo a candidatos que habían sido nominados por un presidente que o bien había sido derrotado en su búsqueda de la reelección o había anunciado ya su deseo de no perseguirla, tal cual lo ilustra Lawrence Tribe en su obra God Save this Honorable Court. Seguramente por estas razones, cuando el presidente de la Corte estadounidense Earl Warren anunció, a fines de 1968, que se alejaría del tribunal en cuanto asumiera el siguiente presidente, Richard Nixon, tanto Nixon como el saliente Lyndon Johnson aguardaron a que esa renuncia de Warren se hiciera realmente efectiva. Ello, al punto de que fue el mismo Earl Warren quien le tomó juramento al nuevo presidente de LA NACION a comienzos de 1969.

Existen circunstancias adicionales para ver con recelo estas designaciones que, al menos en el caso de la vacante de Zaffaroni, parecen en definitiva acordes con la Constitución, desde el momento en que el mandato de la actual presidenta se encuentra aún vigente. Se sabe que con la elección del domingo último ya ha quedado conformado un nuevo Senado y se sabe también del importante rol que ese cuerpo debe cumplir, al prestar su acuerdo para la conformación, por un largo período, de una renov ada Corte Suprema. Y aquí nuevamente es que la prudencia aconsejaría que ese filtro a cargo del Senado, para un acto que tendrá un impacto tan duradero, quede reservado a quienes acaban de ser ungidos por el voto popular.

Por último, no debe olvidarse que el mismo decreto 222 ya mencionado prevé un mecanismo escalonado donde los candidatos designados han de someterse al escrutinio de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, los que deben contar con una gran cantidad de información previa a la audiencia pública que es necesario convocar para hacer efectivo el referido acuerdo.

La experiencia enseña que hacer a las apuradas las cosas importantes conduce, las más de las veces, a malos resultados.

El autor es abogado constitucionalista

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