Próximo paso: la convergencia digital

José Crettaz
José Crettaz LA NACION
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23 de diciembre de 2015  • 11:29

"La ley de medios no se toca, por ahora", dijo el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Pero se tocará, y será pronto. La intervención de las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) durará 180 días pero podría no ser necesario tanto tiempo.

El gobierno de Mauricio Macri está logrando un alto y llamativo consenso -considerando el pasado reciente- entre las empresas de medios y de telecomunicaciones (integradas en un único sector de servicios y contenidos). Los mismos empresarios que hasta hace poco se destruían mutuamente por el favor presidencial hoy se sientan a una misma mesa.

Aguad repite la palabra "convergencia" sin que ese concepto parezca interesar a sus interlocutores, especialmente el periodismo. "Convergencia de regulación y de controles", dijo en la conferencia de hoy, sin mayor eco.

Los equipos técnicos de Macri se vienen reuniendo con aquellos directivos de empresas desde hace meses. Y contra lo que aún cree el kirchnerismo, no sólo el grupo Clarín ve con buenos ojos los cambios que se vienen, también los impulsan las telefónicas y hasta un sector del mudo cooperativo está entusiasmado. Nadie quiere relegar lo que ganó con las normas ahora vigentes –y parece que no irán por allí los cambios– pero sí esperan una regulación que facilite la expansión de las redes fijas y móviles de comunicación.

El sector convergente no se compone de radios y canales de TV ni de proveedores de telefonía o Internet, se trata de ese "caño" -como podríamos llamar genéricamente a Internet- por el que van esos medios y servicios y muchísimos otros. Con esa lógica, lo que sigue en el plan del gobierno es una normativa única y general que impulse la conectividad de banda ancha y sobre esa normativa se consolide una mayor oferta de medios y contenidos. En esa dirección deben interpretarse las intervenciones decididas hoy, cuya forma seguramente será cuestionada por muchos sectores (previendo esta decisión ya había una batería de amparos judiciales preparados, muchos de los cuales saldrán de facultades de Comunicación).

Pero más allá de lo estrictamente referido a la comunicación, la reforma que el gobierno de Macri encaró hoy persigue también objetivos políticos y económicos. En el plano político, buscará desactivar la pelea con los medios de comunicación que marcó la gestión de Cristina Kirchner desde 2008. Los medios y el campo fueron para el kirchnerismo los grandes pilares de "la corpo", ese gran "enemigo del pueblo" al que el gobierno anterior le atribuyó todos los males. Con el campo pacificado tras la eliminación de las retenciones, ahora era el turno de los medios.

En el plano económico, el gobierno tiene la expectativa de que una nueva regulación convergente se traduzca en mayores inversiones que a su vez produzcan ingresos de divisas y mayor actividad económica. Hay mucho por construir y reconstruir en la infraestructura de comunicaciones argentina -particularmente en el interior del país-. La pelea política por las líneas editoriales y los arreglos económicos del anterior gobierno con algunas empresas (por ejemplo, en la venta de espectro para 4G) terminaron demorando ese desarrollo.

Mientras tanto, la discusión entorno de la ley de medios, como casi todo entre los argentinos, se volvió emocional. O irracional, si se prefiere. Quienes la defienden con pasión creen que vino a refundar la sociedad y el Estado. Eso es fruto de cierta nostalgia arrastrada desde los años 70 y 80 que se mantuvo viva en ámbitos universitarios y terminó haciendo estragos en una generación profesionales jóvenes que deberían hacer una lectura digital del derecho a comunicar. En la realidad concreta, los cambios positivos atribuibles a esta legislación han sido prácticamente irrelevantes. Menos visible fue la ley Argentina Digital (de telecomunicaciones), que ha sido otra oportunidad perdida para modernizar las comunicaciones en el país y hacerlas más accesibles.

Con el "caso" de los jueces de la Corte en comisión aún abierto, habrá que ver cómo serán los cambios en las leyes de medios y de telecomunicaciones que "por ahora" no se harán. Pero todo indica que ambas regulaciones convergirán en un nuevo y único marco regulatorio, más orientado al desarrollo de la infraestructura y menos al control de los contenidos.

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