¿Qué pasará el 7-D? Posiblemente, nada

E l 7-D se está convirtiendo para Cristina Kirchner en una trampa. En los entretiempos de Fútbol para Todos se lo construyó como una encrucijada de vida o muerte. Como si la guerra contra Clarín fuera un desafío de superhéroes. Batman vs. Joker o X-Men vs. Magneto (con una t).

Quienes aceptaron la propuesta y esperan un desenlace wagneriano deberán ajustar sus expectativas. Telenoche no abrirá ese viernes con Víctor Hugo Morales y Cynthia García como nuevos conductores. Lo más probable es que el 7-D no pase nada.

Para empezar, es una fecha equivocada. Los plazos procesales llevan el vencimiento de la medida cautelar que suspende el artículo 161 de la ley de medios para el Grupo Clarín al 10 de diciembre. Es decir: el apocalipsis llegaría el 10-D. Pero tampoco esa deadline promete ser emocionante. Como el juez Horacio Alfonso aún no dictaminó sobre la constitucionalidad del artículo 161, Clarín pidió a la Cámara Civil y Comercial que prorrogue su medida cautelar.

La señora de Kirchner contestó ordenando a Julio Alak dinamitar esa Cámara con denuncias y recusaciones. Alak se incineró con tal de alcanzar el objetivo: reemplazar a esos camaristas por otros del fuero contencioso administrativo, que es una huerta del kirchnerismo. Ya que no pudo llevar la causa hacia esos jueces, Alak pretende llevar esos jueces hacia la causa.

Para evitarlo, Clarín solicitó a la Corte Suprema que resuelva las recusaciones y prorrogue la cautelar. La Corte trataría mañana ese pedido.

Es probable que reponga a los camaristas civiles y comerciales y les transfiera la discusión sobre la prolongación del amparo. A pesar de que la telenovela se va enredando, en Twitter, la consigna #LorenzettiNoMeFalles era ayer un trend topic mundial. O los que la alentaban ignoran qué se discute el 27-N o en la Argentina hay más juristas que en la antigua Roma. El Gobierno, que sí sabe qué se juega, está presionando a Ricardo Lorenzetti como nunca antes. Mejor no entrar en detalles.

Si en este jardín de senderos que se bifurcan la Cámara Civil y Comercial volviera a sesionar y rechazara la extensión del amparo, Clarín podría servirse del per saltum reglamentado por el Congreso y volver a la Corte para reponer la cautelar. Otra vez se abrirían dos caminos. O tres: la Presidenta podría vetar el per saltum que ella misma promovió.

De no conseguir esa prórroga, Clarín llegaría al 7-D, que en rigor es el 10-D, sin ajustarse al cupo de licencias de radio y TV que exige la ley. En el sitio digital de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), figuraba el miércoles pasado un cuestionario elaborado por Télam. Una de las preguntas era qué pasa si ese grupo no presenta un plan de adecuación antes del 7-D. Respuesta: "La Afsca lo podrá intimar para que presente el plan en un máximo de 30 días". En otras palabras: en el escenario judicial más favorable para el Gobierno, el 7-D no pasaría nada. El reloj procesal llevaría a un brumoso 23 de enero. ¿Cómo explicar a la hinchada que el partido se seguirá jugando hasta el 23-E? Cristina Kirchner se equivocó al presentar una partida de ajedrez como si fuera un Boca-River. Para corregir el error, la Afsca modificó aquella respuesta. Ahora eliminó el plazo de 30 días. La inhabilitación, dice, será automática. Sólo falta que la Presidenta confirme este cambio de último momento con un decreto. Sería un papelón. Uno más. En ese caso, Clarín debería presentar una nueva composición ante la Afsca. Según las versiones más confiables, el grupo se dividiría entre sus socios: Ernestina de Noble, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Pagliaro.

Imaginemos que no lo hace. Y que el Gobierno emite ese nuevo decreto y, después de idas y venidas ante los jueces federales de distintas provincias, interviene los medios de Clarín. En esa fecha incierta, los funcionarios podrían licitar las licencias excedentes. ¿Qué cabe esperar para esa instancia? También nada.

El redimensionamiento de las empresas de radio y TV está reglado en el artículo 45 de la ley de medios. Allí se establece, por ejemplo, que las empresas de TV satelital no pueden tener más del 35% del total de abonados a la TV paga. Pero nadie sabe cuántos son esos abonados. Los empleados de la Afsca tiran cifras al voleo. Además, existe la sospecha de que las compañías de TV por cable no declaran todos sus clientes.

El mismo artículo establece que las empresas con licencias de radio y TV abierta no pueden superar más del 35% de los habitantes del país. Y que no tendrán más que una señal de TV, dos de FM y una de AM por localidad. Una radio AM de la Capital Federal podría, entonces, alcanzar al 35% de los habitantes del país. No importa si difunde canto gregoriano todo el día. Tampoco que en ese 35% de habitantes haya sordos, menores de dos años o gente que detesta la radio. La ley equipara la audiencia a la población, supone que todo el mundo escucha todas las emisoras a la vez. Los televidentes de canales de aire se calculan también por el censo de la zona. No importa que esos canales lleguen a muchos más espectadores a través de las redes de cable que los incluyen en sus grillas como una señal más.

La misma norma establece que una empresa de TV por cable no puede tener más del 35% de los abonados del país. Aunque cada abonado equivalga a tres o cuatro televidentes. También fija un límite de 24 licencias por empresa. ¿Cuántas tiene Cablevisión? ¿Cuántas el grupo Vila-Manzano? ¿Cuántas Telecentro, de Alberto Pierri? Martín Sabbatella, el titular de la Afsca, no lo dice. Tal vez porque no lo sabe. La cruel pingüinera, que detesta a los recién venidos con poder, ya lo llama "sanatella".

En este confín del laberinto la conclusión es elemental: la ley está mal hecha. Los Kirchner cometieron el error de encargársela a profesores de comunicación social. No a expertos en derecho de las telecomunicaciones. Entre las ocurrencias de esos docentes y las maquinaciones de Zannini salió un articulado inmanejable. El texto es tan excéntrico que incluye notas con debates académicos.

La Presidenta sabe de este déficit. Pero enfureció cuando se lo hizo ver la Corte. En el fallo sobre el amparo de Clarín, el tribunal le reprochó no haber aplicado la ley de medios allí donde podía. No otorgó licencias, no realizó el censo, no licitó señales de TV digital y no aprobó los planes de desinversión presentados por empresas que carecen de un amparo.

Para compensar estas falencias, Cristina Kirchner buscó que el nuevo régimen del mercado de valores le permita designar delegados en las empresas con la excusa de proteger a las minorías. Ya se sabe cuáles son los blancos: Clarín y Papel Prensa. Esta innovación, que convierte a los empresarios en concesionarios de sus propias compañías, será la preocupación central de la conferencia anual de la UIA que empieza mañana.

En el Gobierno nadie envidia el lugar de Sabbatella. No es un experto, los técnicos que podrían auxiliarlo fueron apartados de la Afsca y sus superiores le exigen resoluciones despiadadas. La más reciente fue aceptar las impugnaciones de varias agrupaciones kirchneristas contra el abogado Alejandro Pereyra, propuesto por el FAP para ocupar una de las dos bancas de la minoría en la Afsca. La Presidenta ordenó al secretario de Comunicación, Alfredo Scocimarro, aprobar la candidatura del radical Marcelo Stubrin y devolver la de Pereyra al Congreso.

Entre varias trivialidades, a Pereyra le reprochan haber indicado a los medios, como director jurídico del Comfer, evitar el sensacionalismo durante los dramáticos 19 y 20 de diciembre de 2001. Más allá de que sólo cumplió con la ley, Pereyra obedeció a Gustavo López, quien hoy secunda a Oscar Parrilli y, en aquel tiempo, presidía el Comfer. Sabbatella debería aclarar que con la exclusión de Pereyra no está vengándose de Margarita Stolbizer, su eterna rival de Morón y madrina de ese especialista. Stubrin deberá enfatizar su intransigencia para que la UCR no aparezca como la oposición de Su Majestad.

El kirchnerismo quiere a Pereyra lejos de la Afsca. Hace bien. Nada más incómodo que la vigilancia de un experto cuando se trata de alcanzar objetivos políticos con una ley rudimentaria. La trayectoria de Pereyra, además, es muy incómoda: ha sido abogado de radios sindicales y cooperativas, algunas de ellas ligadas a Luis D'Elía y al propio Sabbatella.

Cristina Kirchner pretende pasar el 7-D sin discusiones jurídicas. Pero excluir de la Afsca a uno de los dos representantes de la oposición es una solución insuficiente para la maraña judicial en que está envuelta. Salvo que reemplace al pacífico Sabbatella por el aventurado coronel Berni, ese día no habrá noticia alguna que alegre a su tribuna. Mejor ir avisando.