Queda una enorme sensación de tristeza y bronca colectivas

El espeluznante episodio que involucra al fiscal Alberto Nisman deja numerosas dudas, pero también importantes certezas.

En primer lugar, sabemos que el gravísimo atentado contra la AMIA lleva más de 20 años de impunidad, luego del paso de gobiernos de distinto signo e incontables recursos volcados sobre la causa (no necesariamente a favor de su esclarecimiento). Sabemos, también, que el kirchnerismo promovió en enero de 2013 un inexplicable acuerdo con Irán en momentos en que atravesaba una aguda crisis energética.

English version of prosecutor Nisman's death

El pacto resultó una iniciativa inconstitucional, inmoral, ilegítima, políticamente torpe y profundamente ineficaz. El Gobierno no encontró razones públicas para justificar el giro de 180° que tomó en la materia, y que dotó de asombrosa verosimilitud las declaraciones del fiscal Nisman, en el sentido de que la única reconstrucción razonable de lo actuado por el Gobierno era el reconocimiento de un pacto de ayuda con Irán a cambio de impunidad.

Corresponde todavía hoy al Gobierno aclarar por qué proponía la creación de una insólita Comisión de la Verdad, que dejaba en situación de absoluto protagonismo para la investigación del atentado a los mismos acusados de haberlo cometido. Increíblemente, permitía que Irán tomara control decisivo en una investigación destinada a probar si funcionarios de su gobierno habían estado involucrados en el ataque a la AMIA.

Sabemos, además, que el fiscal Nisman interrumpió sus vacaciones intempestivamente, para dar los toques finales a una también intempestiva y gravísima denuncia contra la Presidenta y algunos de sus principales asesores. Una razón decisiva del apuro del fiscal habría sido su certeza de que iba a ser removido de su cargo por la procuradora Alejandra Gils Carbó, que ha venido realizando una formidable tarea a favor de la impunidad del poder político dominante.

Finalmente, tenemos la certeza de que convivir diez años con servicios de inteligencia desbocados al servicio de la causa del Gobierno, inundarlos de dinero, abarrotarlos de personal "amigo", perfeccionar su tecnología para el espionaje interno, cerrar todas las puertas a cualquier control público y ciudadano sobre ellos, utilizarlos para investigar, perseguir y amenazar a los opositores o jueces díscolos produce lo que hoy ha quedado entre nuestras manos.

Es decir, crímenes irresueltos, impunidad y actos de corrupción, sospechas que ensucian a todo el Gobierno. Alimenta la corrosión de nuestras energías cívicas, el terror dentro del ámbito judicial y el miedo en la ciudadanía. Lo que resta es una enorme sensación de tristeza y bronca colectivas.

El autor es abogado constitucionalista y sociólogo