Quieren inhabilitar a represores
Un grupo de diputados oficialistas presentó ayer un proyecto de ley por el cual quedarían "inhabilitadas" para el ejercicio de la función pública aquellas personas vinculadas con delitos de lesa humanidad.
"El lugar de los delincuentes es la cárcel y no los cargos públicos, que deben ser ocupados por hombres y mujeres comprometidos con la democracia", sostuvo la diputada Victoria Donda (FPV-Buenos Aires), impulsora del proyecto, que suscribieron los también oficialistas Remo Carlotto, Claudio Morgado y Edgardo Depetri y los opositores Eduardo Macaluse (ARI) y Claudio Lozano (CTA).
El proyecto de ley, que sería debatido en breve en las comisiones respectivas, inhabilita a ejercer la función pública a quienes cometieron, durante la última dictadura, los delitos de "homicidio, privación ilegítima de la libertad, supresión, sustitución o falsificación de identidad, torturas y cualquier otro delito que por su entidad constituya graves violaciones a los derechos humanos y/o delitos de lesa humanidad".
También se incluye dentro de esta inhabilitación a aquellas personas que hayan "usurpado cargos electivos" y las que hayan ejercido los cargos de ministro, secretario, subsecretario o director nacional durante la última dictadura.
Donda destacó que la ley "será una herramienta legal para que todos los que cometieron estos delitos estén a disposición de la Justicia y no ocupando cargos institucionales", y en este sentido se refirió a la situación del ex comisario Luis Patti, que anteayer fue beneficiado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Esperemos que Patti siga en la cárcel", dijo la diputada.
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