Ratificó la Corte Suprema al juez Oyarbide en la causa por espionaje

La Corte Suprema ratificó esta tarde al juez Norberto Oyarbide en la causa por espionaje que salpica al gobierno porteño.

La Corte debía decidir si la investigación seguía en manos del juez Oyarbide o si queda a cargo de un tribunal de Misiones, a instancias del planteo que realizó el Superior Tribunal de Justicia de dicha provincia.

Esto es así porque el juez misionero Fernando Verón le había pedido a Oyarbide que dejara el caso, porque las intervenciones ilegales de los teléfonos de empresarios y personajes públicos se habían dispuesto en expedientes judiciales de Posadas. Pero Oyarbide rechazó esa pretensión al señalar que las escuchas se habían realizado en oficinas de la SIDE en Buenos Aires, donde el espía Ciro James recogía los casetes grabados.

Además, el juez porteño tiene más adelantado el caso en que hay imputados ex policías y funcionarios porteños.

La Corte resolvió que la investigación continuara en manos de Oyarbide basándose en un dictamen de la Procuración General de la Nación, indica el Centro de Información Judicial.

"De esta manera puso fin a un conflicto de competencia que se había originado con la justicia misionera, donde se ordenaron las intervenciones telefónicas", agrega.

Complicaciones. La situación procesal de Jorge "El Fino" Palacios y de Ciro James, detenidos en la causa que investiga el espionaje a empresarios y dirigentes se complicó más en las últimas horas.

El juez federal Norberto Oyarbide amplió en las últimas horas los procesamientos contra el ex jefe de la Policía Metropolitana y contra James, sindicado como quien hizo las escuchas ilegales.

El magistrado les agregó la imputación de "fraude a la administración pública" a los delitos de escuchas telefónicas ilegales y asociación ilícita, por los que ya los investiga.

Según consta en la resolución dictada ayer y difundida hoy por la agencia oficial Télam, Oyarbide también amplió los procesamientos a los policías misioneros Diego Guarda, Raúl Rojas y Rubén Quintana, también procesados en la causa.

"Perjuicio patrimonial". Para Oyarbide, las órdenes de interceptación telefónica dictadas por la justicia misionera eran "legales pero ilegítimas" y esa intervención de dependencias oficiales para efectuar las escuchas provocó "un perjuicio patrimonial a las arcas del Estado Nacional".

Según el magistrado, los procesados "actuaron como numerarios de fuerzas de seguridad, lo que hace suponer no sólo un pleno conocimiento de la ilicitud de la actividad que desarrollaron, sino también que cuentan con una infraestructura tal, que les permite de esa manera llevar adelante maniobras criminales como la investigada en autos".

"Se encuentra acreditado que los nombrados han defraudado las arcas de la administración pública nacional, pues las conexiones telefónicas realizadas fueron llevadas a cabo utilizando las instalaciones de la Secretaría de Inteligencia de la Nación", añadió Oyarbide.

El delito de fraude a la administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal, que castiga con prisión de dos a seis años a quienes "cometieren fraude en perjuicio de alguna administración pública".

A Palacios, James y los policías misioneros se les imputan las escuchas telefónicas ilegales a Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la AMIA, al empresario Carlos Avila, a gerentes del hipermercado Coto y al cuñado del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, entre otros.