Raúl Moneta presentó un amparo contra el Estado en el caso Ciccone

El empresario rechaza la forma en que el Gobierno quiere expropiar la imprenta, pero la intervención, el síndico del concurso y la familia fundadora objetan su verdadero rol
Hugo Alconada Mon
(0)
12 de abril de 2013  

Y un día, ocho meses después de intervenida Ciccone Calcográfica, el ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta se presentó como el supuesto financista de la resurrección de la imprenta. Lo hizo a través de un amparo que presentó ante la Justicia para rechazar que el Gobierno compense la estatización de la empresa con sus deudas tributarias y no les pague a los dueños, los que a la vez deberían pagarle a él fianzas y garantías por $ 35,5 millones.

El amparo de Moneta dio así otro giro al "caso Ciccone", donde ya el Gobierno, el síndico del concurso, la familia Ciccone y la unidad fiscal antilavado (antes del desplazamiento de su entonces titular y reformulación de la unidad) desconocieron ante la Justicia la existencia de esas supuestas garantías, las consideraron nulas o al menos expresaron serias dudas sobre la fecha real en que se firmaron, según consta en los escritos judiciales que presentó cada uno de ellos y cuyas copias obtuvo LA NACION.

El fiscal federal que investiga el "caso Ciccone", Jorge Di Lello, aportó más dudas sobre el rol de uno de los banqueros más polémicos de los años 90. Dijo que los aportes "pueden ser de Moneta", pero también aclaró que "pueden no ser fondos de origen legal", según explicó por radio Vorterix.

Moneta se presentó sobre el filo del plazo que tenía para impugnar el decreto 252/2013, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para habilitar la compensación de las deudas, opción que antes repudió también Alejandro Vandenbroele, como presidente de la enigmática The Old Fund, ante la justicia comercial.

La presentación de Moneta -no como dueño de la ex Ciccone, sino como emisor de esas garantías, es decir, como su supuesto financista, tal como LA NACION anticipó en julio del año pasado- recaló por sorteo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza subrogante María Alejandra Biotti. Lo inició contra el Estado nacional y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que por medio de ese mismo decreto 252/2013 quedó como sujeto expropiante de la imprenta.

Moneta se basó en las supuestas garantías millonarias que, a través de la firma panameña Mayer Business Corporation, habría otorgado a The Old Fund y a la nueva Ciccone, con prenda de las acciones, cuando ambas eran presididas por Vandenbroele. Esas fianzas establecen que si Moneta no recobra sus millones para agosto próximo se quedará con las acciones de la imprenta y, por tanto, sería él quien cobraría una eventual indemnización por su expropiación.

La presentación de Moneta, a través de su abogado Alberto Petracchi, choca sin embargo con la posición oficial que el Gobierno ya expuso en el concurso de la ex Ciccone. Allí, los abogados del Ministerio de Economía negaron "enfáticamente" que existieran constancias de esas garantías en los libros de la imprenta intervenida.

La negación del Gobierno sobre el rol de Moneta llegó como respuesta al reclamo de los Ciccone -que retienen el 30% de las acciones de la empresa- para que el Gobierno les informe cómo se gestiona la intervención, se normalice la ocupación y les pague una indemnización.

Los Ciccone también le reclamaron a la Justicia que declare nulas e ineficaces esas fianzas que Moneta le otorgó a Vandenbroele como presidente de la nueva Ciccone -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS) - y de The Old Fund, la sociedad que controla el 70% restante de la imprenta.

"Enfáticamente" no

Los abogados de la intervención rechazaron que se trate de una ocupación ilegítima y apuntaron contra las supuestas fianzas de Moneta que cuestionaron los Ciccone. Aclararon que el Gobierno "desconoce enfáticamente la existencia de tales contratos" entre la ex Ciccone, The Old Fund y Moneta, "toda vez [...] que no surgen de las constancias de este proceso concursal".

El supuesto rol de Moneta que desconoció el Gobierno había sido expuesto en noviembre pasado por Vandenbroele cuando presentó un largo, y por momentos contradictorio, escrito defensivo ante el juez federal Ariel Lijo. Allí dijo que el ex banquero era el "socio capitalista" detrás de la nueva Ciccone.

Tras recibir el escrito de Vandenbroele, la unidad fiscal antilavado, que por entonces lideraba Raúl Plee, analizó esas garantías. Estimó que los documentos que las respaldarían podrían estar antedatados "más de un año y un mes". De este modo, aunque aparecen fechados el 27 de julio de 2011, recién se certificó la firma (y se dio fecha cierta al instrumento) el 7 de septiembre de 2012 -cuando el escándalo del "caso Ciccone" llevaba más de siete meses-, por el escribano habitual del Banco Macro, de Jorge Brito.

Al Gobierno, a la familia Ciccone y a la unidad fiscal antilavado también se sumó el síndico Martín Stolkiner, que vela por el patrimonio de la imprenta durante su concurso judicial. También concluyó que esas supuestas garantías, de ser reales, son "ineficaces de pleno derecho", además de tratarse de algo que Vandenbroele tenía prohibido, por ley, firmar.

Un silencio que se prolongó 14 meses

Primer paso oficial de Moneta en el escándalo de la imprenta

  • Contra la expropiación

    Moneta dio su primer paso oficial vinculado al "caso Ciccone" con la presentación de un amparo contra el Gobierno por la forma en que pretende expropiar a la ex Ciccone Calcográfica
  • Una firma panameña

    La movida judicial del ex banquero fue a través de Mayer Business Corporation, una empresa panameña que Moneta "nacionalizó" en la provincia de San Luis.
  • Objeciones en cadena

    El Gobierno, el síndico del concurso y la familia Ciccone objetan las supuestas garantías que Moneta firmó con Vandenbroele como presidente simultáneo de The Old Fund y de la imprenta
  • MÁS LEÍDAS DE Politica

    Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

    Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.