Reabren una causa contra Gils Carbó

La Cámara Federal pidió investigar si hubo delito en el nombramiento de los fiscales antilavado
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29 de mayo de 2013  

Luego de que fuera desestimada por el juez federal Sebastián Casanello, la Cámara Federal ordenó ayer reabrir la causa contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por el presunto nombramiento irregular de fiscales.

Los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, de la Sala I de la Cámara, revocaron la decisión del juez Casanello de archivar la denuncia contra la procuradora y ordenaron que lleve a cabo las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan.

Asimismo, los jueces dispusieron reabrir otra investigación sobre la misma cuestión denunciada por la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, acusación que también había sido desestimada por Casanello.

En un día en que la procuradora general sumó varios reveses judiciales, la jefa de los fiscales también fue imputada ayer, junto con Casanello, por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa en que se lo investiga por supuesto lavado de dinero (ver aparte).

Gils Carbó fue denunciada por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por el senador radical Mario Cimadevilla, que cuestionó la creación de la Procelac y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la designación de sus titulares, Carlos Gonella y Félix Crous, respectivamente, por no respetar los procedimientos establecidos.

El juez Casanello consideró que los nombramientos no incurrían en delito penal alguno y desestimó la denuncia, decisión que fue apelada por el fiscal Marijuan.

A su vez, el fiscal general Germán Moldes respaldó esta apelación con un escrito en el que reclamó "una batería básica de medidas conducentes a erradicar" las dudas planteadas en torno al nombramiento de los fiscales ad hoc por parte de Gils Carbó.

Ayer, al ordenar la reapertura de la causa contra la jefa de los fiscales, la Cámara sostuvo que Casanello tuvo un "profuso estudio académico" del caso, pero que en su resolución "se extravió el cabal sustrato histórico que la denuncia trasmitía y que la causa debía reflejar".

Añadió que "la denuncia aludía, no a la generación de cargos coyunturales, sino estables; no a la designación de auxiliares de los fiscales, sino al nombramiento, vía el tránsito de un camino tangencial al normativo, de acusadores públicos". Para la Cámara, "la gravedad de las imputaciones dirigidas" a Gils Carbó no podía ser reducida mediante la simple apelación a un recurso dialéctico" de Casanello, y consideró además que se deben efectuar las medidas de prueba solicitadas por el fiscal.

Marijuan había pedido copia de las más de 30 resoluciones de Gils Carbó, legajos laborales de los designados y también copia de las presentaciones que los fiscales realizaron. En su apelación señaló: "No albergo duda alguna de que deben ser investigadas las designaciones de fiscales ad hoc que recayeron en personas que no tienen acuerdo del Senado y esto por cuanto se han dejado de observar las previsiones de designación de la citada norma".

Imputaciones por el caso Báez

El fiscal federal Gerardo Di Masi imputó ayer a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, al juez Sebastián Casanello y a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, ambos de la Procuraduría antilavado, por presunto encubrimiento del empresario Lázaro Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero. Di Masi impulsó una denuncia de Elisa Carrió por entender que hubo "un accionar deliberado en el que se intenta frustrar la investigación en curso". La diputada presentó la denuncia luego de que Casanello envió a Río Gallegos la causa contra Báez por el presunto desmantelamiento de una bóveda en su chacra.

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