Rechazan condiciones menos flexibles para tomar deuda pública

El proyecto de ley de presupuesto 2019 , además de admitir un fuerte aumento de la deuda pública en relación con el PBI, contiene una serie de artículos que encendieron las luces de alarma en el tablero opositor. Uno de ellos es el que permitiría, mediante una modificación de la ley de administración financiera, flexibilizar las condiciones para una eventual reestructuración de la deuda.

La actual ley de administración financiera dispone, en su artículo 65, que para que el Poder Ejecutivo pueda realizar una reestructuración de la deuda debe cumplir con dos de tres condiciones: una mejora en el plazo de la deuda, en el monto o en los intereses. En el proyecto de presupuesto que envió anteayer, el Gobierno pretende modificar este artículo y que se le permita "realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública [...] atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero".

"Este artículo habilita a un megacanje bajo las condiciones que imponga el mercado. Esto no lo vamos a permitir: el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la potestad de renegociar la deuda siempre que sea en beneficio para el erario. Con esta modificación, el Gobierno quiere cumplir con un requerimiento del FMI", advirtió Diego Bossio (Interbloque Argentina Federal).

En idéntico sentido se expresó el diputado Marco Lavagna (Frente Renovador), quien alertó, además, que por el artículo octavo se autoriza al jefe de Gabinete a destinar fondos de préstamos de organismos financieros internacionales y de Estados extranjeros al financiamiento no solo de gastos de capital (como estaba autorizado hasta ahora), sino también de gastos corrientes.

Además, Lavagna advirtió sobre el fuerte crecimiento que experimentará la deuda pública el año próximo, no solo por efecto de la devaluación de la moneda -con el consiguiente aumento del pago de intereses-, sino también por las operaciones de crédito público que el Gobierno pretende que el Congreso le autorice en la ley de presupuesto. Según figura en la planilla anexa al artículo 40, la administración central planea contraer siete préstamos por $340.000 millones cada uno.

"El Gobierno admite que el stock de deuda pública trepará a fin de año al 87% del PBI y busca, además, un mayor endeudamiento -indicó el diputado del Frente Renovador-. Aquí debemos preguntarnos cuál es la sustentabilidad de la deuda que contrae el Gobierno, máxime en una economía que no arranca".

En la oposición predomina la sospecha de que el Gobierno se encamina hacia una posible reestructuración de la deuda, ante el vertiginoso crecimiento que experimentó en el último año. Para ello, pide modificar el artículo 65 de la ley de administración financiera, para flexibilizar las condiciones de esa eventual reestructuración. En el mismo sentido se expresó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

"Con la modificación de la ley de administración financiera se derivan dos grandes conclusiones: primero, la propuesta revela que en el Gobierno se está pensando en recurrir a reestructuraciones de deuda (considerando que, en el mismo presupuesto, se reconoce que a diciembre de 2018 el stock de deuda pública ascenderá al 87% del PBI) y segundo, el nuevo articulado permite suponer que las condiciones de esa reestructuración no favorecerán a la Argentina", enfatizó este organismo.

En el proyecto de ley de presupuesto, el Gobierno insiste en trazar un panorama optimista. "De 2019 en adelante, con el cumplimiento de las metas fiscales y una mayor estabilidad proyectada del tipo de cambio, esperamos una reducción de la deuda como porcentaje del PBI -reza en la iniciativa-. En efecto, luego del aumento de la deuda neta en 2018 debido al movimiento pronunciado del tipo de cambio, con la convergencia al equilibrio fiscal en 2019 y el superávit fiscal a partir de 2020, la deuda neta en términos del PBI comenzaría a descender y se situaría en torno a 46% del PBI en 2019, convergiendo a un valor alrededor de 39% del PBI hacia 2023".