Rechazan el ascenso de un militar
El Senado desestimó el pedido para el cuestionado teniente coronel Villanueva.
La Comisión de Acuerdos del Senado resolvió, por unanimidad, rechazar el ascenso del teniente coronel Carlos Villanueva, quien formó parte de la represión militar de la última dictadura.
Según informes de distintos organismos de derechos humanos, el "Gato" Villanueva figura en listas de la ex Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) como integrante de un grupo de secuestradores que operaba en el campo de concentración La Perla, en Córdoba.
De esta manera, los senadores del PJ y de la Alianza desconocieron el pedido que realizó el jefe del Ejército, general Martín Balza, en favor de su subordinado. Hace poco más de dos semanas, la máxima autoridad del arma intercedió en persona ante los legisladores para lograr que el teniente coronel alcanzara el grado de coronel.
Para bajarle el tono a este gesto y desconocer la voluntad de la fuerza y del Gobierno (debido a que la solicitud de ascenso fue firmada por el ministro de Defensa, Jorge Domínguez), los senadores del oficialismo acordaron, al menos por ahora, no aprobar en el recinto el dictamen firmado ayer por los miembros de ese cuerpo parlamentario y retenerlo en un cajón de la Comisión de Acuerdos, para que pase lo más inadvertido posible. El Ejército tiene una explicación para justificar su intención de promoverlo: dice que los datos que inculpan a Villanueva aparecieron con posterioridad al envío del pedido de ascenso al Congreso.
Los senadores del PJ habrían sugerido a Balza, en una reunión reservada que mantuvieron en el bloque, que la fuerza retirara estos pliegos para evitar una resolución adversa.
Los antecedentes de Villanueva ingresaron en el Senado hace casi un año, pero las severas impugnaciones que recibieron por parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que conduce Inés Pérez Suárez, terminaron abortando su tratamiento.
Asimismo, la Cámara alta aprobó el ascenso de los tenientes coroneles Bartolomé Durán, Luis Gómez Centurión y Daniel Carthy al grado inmediato superior. La actuación de estos tres hombres del Ejército también fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos, pero tanto la UCR como el PJ consideraron que las pruebas acercadas a la comisión no eran lo suficientemente fuertes.
En tanto, la Comisión de Acuerdos tiene en estudio otro pliego controvertido, el del teniente coronel Jorge Burlando, auditor del V Cuerpo de Ejército, que está sospechado de encubrimiento en el secuestro y desaparición de personas durante el período 1976-1983. La comisión decidió citar a declarar, para dentro de los próximos 15 días, no sólo a Burlando sino también a otros dos tenientes coroneles: Luciano Parszik y Ricardo Frecha.
Auditoría en la Defensoría
Por otra parte, el defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero, dispuso una auditoría funcional y administrativa a ese organismo, según señaló la agencia Infosic, y asumió la representación formal de todas las causas remitidas por la Corte Suprema de Justicia. También dejó sin efecto las resoluciones por las que había asignado la función de defensor público oficial titular a Hugo Rodríguez Sañudo y la de defensor oficial de la Defensoría General a Eduardo Dromi.
Trascendió que la medida estaría relacionada, al menos en parte, con el cierre de una causa clave sobre desaparecidos, por parte de la Corte, que impediría averiguar el destino de personas.
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