Quejas contra el Gobierno. Reclaman que se condene la presión sobre los jueces

Lo hicieron los delegados argentinos ante la Federación Latinoamericana de Magistrados

14 de Abril de 2010

MAR DEL PLATA.- La delegación de jueces argentinos presentó ayer ante la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) un pedido para que la asamblea se pronuncie sobre la situación local: solicitó que se firmara una "declaración de condena" contra las presiones del gobierno de Cristina Kirchner sobre los jueces.

"Voy a tratar de resumir en cinco minutos los cinco años de persecución judicial", dijo Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y vocero del reclamo argentino. La reforma del la ley del Consejo de la Magistratura (que dio al oficialismo un poder de veto en los procesos de selección y remoción de jueces), la propuesta del kirchnerismo de que se investigara el origen social de los aspirantes a magistrado, el proyecto de ley para tomarles exámenes a los jueces y la reciente iniciativa de Carlos Kunkel de echar a los de más de 75 años fueron los fundamentos que esgrimió para pedir la declaración de condena. Junto a Recondo estaban los otros delegados nacionales. Entre ellos, el presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), el salteño Abel Fleming.

La Argentina fue el primer país que expuso aquí durante la sesión de hoy. No fue el único. Los enviados de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México también hicieron denuncias contra sus respectivos gobiernos. Fueron tres horas y media en las que 38 delegados de 17 Estados acusaron a los poderes políticos de ataques a la independencia judicial. Los delegados de El Salvador, por ejemplo, relataron que tienen una magistrada amenazada por las maras y que no cuenta con la protección suficiente; los de Honduras denunciaron el asesinato de una jueza de familia.

El resultado será una declaración final que se dará a conocer hoy. Según relataron a LA NACION dos funcionarios que trabajan en la redacción, será un único documento que hará referencia a la situación de los diferentes países.

La FLAM es una organización creada en 1977 que se reúne en asambleas ordinarias todos los años y cuyo principal objetivo es defender la independencia judicial en la región. En diciembre pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) la reconoció como sociedad civil y hoy la FLAM funciona como uno de sus órganos consultivos.

Nuevo presidente

Su presidente es, desde anteayer, el juez argentino Miguel Caminos. "En América latina hay una clara inclinación del poder político a avanzar sobre la Justicia", dijo Caminos a LA NACION. La situación de la Argentina, según él, no es tan grave como la de Bolivia, Ecuador y Venezuela; pero tampoco tan saludable como la de Brasil, Chile y Uruguay.

"Desde hace un tiempo vivimos una afectación real de la independencia judicial en la Argentina", afirmó el flamante presidente de la FLAM. La ventaja -dijo- es que aquí los jueces son menos vulnerables que otros. "Están mejor capacitados para enfrentar esa situación y eso se nota. Acá quien quiere ser independiente lo es", sostuvo Caminos. "El ataque pasa por desprestigiarlos, personalmente o en su conjunto, para debilitarlos. La grosería de decir que los jueces necesitan un examen cada cuatro años, algo prohibido por la Constitución, es un claro caso de lo que buscan", afirmó.

Sus primeras declaraciones, sumadas al pedido a sus pares para tomar medidas concretas en el caso Venezuela "para evitar que la FLAM se convierta en un club de amigos que se reúnen a charlar", prenuncian que su perfil al frente de la Federación será combativo. Anoche, él estaba reunido con otros delegados. Trabajaban en la redacción de la declaración que se dará a conocer hoy. Según adelantaron a LA NACION, condenará actitudes de los gobiernos de varios de los países de la región; entre ellos, el argentino.

Paz Rodríguez Niell <br/> Enviada especial

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