Reducirán facultades de la Oficina Anticorrupción

Un proyecto de ley prevé revitalizar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
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29 de octubre de 2000  

El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, propone que la Oficina Anticorrupción (OA) pierda su facultad de investigar en favor de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA). Y asegura que su iniciativa tiene el aval del presidente Fernando de la Rúa.

El jefe de los fiscales redactó un proyecto de ley que define un nuevo régimen orgánico y funcional para la FNIA, que depende del Ministerio Público -un órgano extrapoder previsto en la Constitución Nacional- y no del Poder Ejecutivo, como la OA.

"El proyecto busca independizar y darle mayor autonomía a un organismo de control por excelencia. Responde a la demanda social de una mayor transparencia en los actos de gobierno. Y está en consonancia con el pensamiento del presidente De la Rúa que, antes de irse a España, dijo que tiene expectativas en una nueva FNIA", dijo Becerra a La Nación .

La FNIA fue creada en 1962 con la misión de investigar hechos ilícitos e irregularidades que pudieran cometer los integrantes del gobierno y de la administración pública, pero está virtualmente paralizada desde febrero de 1991, cuando el ex presidente Carlos Menem nombró como fiscal general a Néstor Pinzón, un funcionario que, según se asegura coincidentemente en distintos medios políticos, desarrolló escasa actividad en la lucha contra la corrupción.

Según Becerra, un funcionario de extracción menemista, "no es lógico que dos organismos tengan competencias simultáneas", como ocurre desde diciembre último.

Para él, es la FNIA y no la OA la que debe encargarse de recibir denuncias que hagan particulares o agentes públicos sobre conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, realizar investigaciones preliminares y remitirlas a la Justicia, cuando el caso lo amerite.

En el proyecto de ley remitido por Becerra el jueves último al presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, y al por entonces presidente en ejercicio, Mario Losada, se señala que según "el redimensionamiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, se propone la modificación de la ley 25.233, artículo 13, en cuanto asignaba a la OA -creada en el ámbito del Ministerio de Justicia- el ejercicio concurrente de las facultades de investigación que la ley de ministerio público reservaba a la FNIA".

Y agrega: "Creemos que dichas competencias deben ser ejercidas, eficazmente, en forma exclusiva por parte de la FNIA, que contará con una herramienta organizacional más acorde para lograr los nuevos objetivos".

Fuentes de la Procuración General precisaron a La Nación que la remozada FNIA tendría todas las atribuciones de la OA, menos la de ser querellante en las causas en las que hay funcionarios involucrados e intereses del Estado en juego. Eso es justamente, según fuentes judiciales, lo que molesta a la mayoría de fiscales federales, que quedan en evidencia cuando no impulsan las investigaciones en las que la OA interviene.

La ley del ministerio público prevé que la FNIA sólo tendrá un papel subsidiario en los expedientes judiciales, cuando el fiscal de turno no quiera llevar adelante la acción pública.

El proyecto de Becerra reserva como única función para la OA "la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional", que durante el gobierno de Carlos Menem estaba a cargo de la Oficina de Etica Pública.

Desde que administración aliancista la creó, la OA, cuyo titular es el ex juez José Massoni, tiene dos direcciones: una de Política de Transparencia, a cargo de Roberto de Michele, que según el proyecto de Becerra seguiría funcionando, y otra de Política de Investigaciones, que comanda Manuel Garrido y que desaparecería si prosperara la iniciativa del procurador general.

Garrido trabaja con un equipo de 15 personas -la mayoría ex funcionarios judiciales- y con su labor ganó muchos enemigos. En un principio, cinco jueces federales, Carlos Liporaci, Rodolfo Canicoba Corral, Jorge Urso, Adolfo Bagnasco y Claudio Bonadío, no admitieron a la OA como querellante en las causas y algunos ni siquiera ahora le permiten consultar los expedientes.

Las dos salas de la Cámara Federal terminaron por admitir que es válida la facultad de querellante de la oficina, prevista en la ley de ministerios que se sancionó en diciembre último.

El desempeño de la OA inquietó al menemismo, pero también a algunos funcionarios del actual gobierno.

El ex presidente Menem acusó a la OA de impulsar "una casa de brujas" y lo tachó de inconstitucional. Fernando de Santibañes, ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), esperó sin éxito que la oficina cerrara la investigación contra él por los presuntos sobornos en el Senado.

Por eso, cuando De la Rúa reemplazó al ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra por su hermano, Jorge, varias fuentes interpretaron el cambio como "una decisión para neutralizar a la OA". Pero Jorge de la Rúa ratificó a los funcionarios, aseguró que apoyaría su trabajo y adelantó que no se opondría a darle mayor independencia.

"Este es un acuerdo entre Menem y De la Rúa. El proyecto sale de boca de Becerra y no de un funcionario de la Alianza, para no generar problemas con el Frepaso", conjeturaron ayer tres funcionarios de la OA.

Un vocero del ministro De la Rúa, a quien se intentó sin éxito consultar sobre el tema, dijo estar al tanto del proyecto de revitalizar la FNIA.

La Nación no pudo consultar a Massoni, pero allegados suyos dijeron que el funcionario "desconoce absolutamente el proyecto de Becerra".

Malos antecedentes

LA FNIA tiene actualmente un presupuesto anual de 1.800.000 pesos y poco más de 50 empleados. Según datos oficiales, entre octubre de 1998 y el mismo mes de 1999 realizó 1200 sumarios administrativos, pero no se tiene constancia de que formulara alguna denuncia ante el Poder Judicial.

En agosto de 1998 Becerra dispuso la intervención de la FNIA, a cargo de Pinzón, y ordenó una completa auditoría administrativa y funcional.

"Es un organismo completamente paralizado. Así como está, gasta mucho dinero (en ese momento contaba con un presupuesto de tres millones de pesos), tiene muchos recursos (69 empleados, 28 líneas de teléfono y un edificio de siete pisos) y no hace ni sirve para nada. ¿Usted conoce que la FNIA haya hecho alguna denuncia ante la Justicia", dijo Becerra a La Nación el 24 de agosto último.

Después de dos años, dicen en la Procuración, se achicaron los gastos y se redujo el personal un 37%, pero sigue sin funcionar debidamente. Ahora, con este proyecto, se busca "que el organismo funcione de verdad".

La modernización de la dependencia de control prevé una estructura con, básicamente, cuatro áreas de trabajo: la Fiscalía General Anticorrupción y de Investigaciones Disciplinarias, la Fiscalía General de Investigaciones de Fraudes Complejos al Estado, la Fiscalía General de Administración de Recursos Estatales e Intereses Generales de la Sociedad y las Fiscalías de Investigaciones Administrativas.

"Nadie puede decir que sea malo que un organismo de lucha contra la corrupción sea independiente del poder político de turno, como quiere el proyecto de Becerra. Además, la OA sólo podía investigar al órgano ejecutivo y la FNIA tiene facultades para controlar todo el sector público", coincidieron tres fuentes oficiales.

Sin embargo, no está claro por qué se busca desmantelar un organismo que demostró ser eficiente y, en cambio, se apuesta todo a otro que desde hace casi diez años no sirve para nada.

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