Redujeron la condena de Felisa Miceli: no irá a prisión

La ex ministra de Economía Felisa Miceli respiró aliviada. No irá a prisión por la bolsa con 100.000 pesos encontrada en 2007 en el baño de su despacho. Los tres jueces del Tribunal Oral Federal N° 1, por unanimidad, le rebajaron de cuatro años de prisión efectiva a tres años de prisión en suspenso la pena que le había sido impuesta por encubrimiento y por sustraer un acta policial.

La sentencia –la primera que alcanza a un alto funcionario del kirchnerismo– fue impuesta a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza si confirma o no la condena que pesa sobre Miceli. En caso de que la corte la absuelva esta pena quedaría sin efecto.

La decisión del Tribunal Oral Federal N° 1 fue tomada tras un inusual fallo de los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, que comparten muchos de los postulados del Gobierno. Ellos habían confirmado en julio del año pasado que Miceli era culpable, pero indicaron que debía revisarse la pena que le había sido impuesta. En disidencia votó entonces su colega Liliana Catucci.

Los jueces de la mayoría de la Sala II de la Casación dijeron que la pena era arbitraria, que no tenía fundamento, y apartaron al tribunal oral que había condenado a Miceli a cuatro año de prisión.

Por sorteo, fue designado otro tribunal, integrado por Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, quienes convocaron a la audiencia de ayer para que el fiscal argumente sobre la pena que estimó justa, que la defensa explique sus razones para rechazarla y luego decidir.

Y así fue. En la audiencia el fiscal federal Juan García Elorrio pidió para Miceli una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que los abogados Eduardo Bonino Méndez y Sergio Schedrovitzky solicitaron la pena mínima de un año de cárcel en suspenso. "Cuando pidieron mi indagatoria, ese día presenté mi renuncia porque entendí que no se pueden trabajar bajo sospecha", se defendió Miceli para replicar al fiscal que señaló que, cuando un funcionario está acusado de un delito, el principal perjudicado es el Estado, porque se daña la confianza pública.

Los jueces condenaron a Miceli a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y ordenaron el depósito inmediato de los 100.000 pesos hallados en el baño de su despacho. En ese momento también se encontraron 30.000 dólares, pero ese dinero no formó parte de esta acusación y se sumó a otra causa por enriquecimiento ilícito.

"Sería una tremenda injusticia que yo vaya presa, estoy arrepentida de haber llevado el dinero, fue un error. Nunca jamás voy a ocupar un cargo público, ya aprendí la lección", dijo Miceli, mientras sollozaba.

Los magistrados dispusieron el "estricto cumplimiento" de las reglas de conducta durante el tiempo de duración de la condena. Esto es, que Miceli fije domicilio y que se someta a las reglas del Patronato de Liberados, incluida su presentación regular ante las autoridades.

La defensa argumenta que Miceli fue condenada por encubrir una supuesta administración fraudulenta de una financiera de donde supuestamente provino el dinero, pero en esa causa los acusados gozan de una falta de mérito.

La nueva condena puede ser apelada a Casación tanto por el fiscal García Elorrio como por la defensa de Miceli. La ex ministra había sido condenada en diciembre de 2012 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que debía ir a la cárcel, y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por encubrimiento agravado y sustracción de documento público. El veredicto fue analizado por la Cámara de Casación, que confirmó la culpabilidad pero mandó a revisar la pena.

El hecho ocurrió el 5 de junio de 2007, cuando, en una inspección de rutina, efectivos de la División Explosivos de Bomberos de la Policía Federal hallaron en un armario del baño del despacho de Miceli una bolsa que contenía 100.000 pesos termosellados al vacío y 31.670 dólares. Los oficiales confeccionaron un acta en la que daban cuenta del dinero encontrado que dejaron en la oficina privada de Miceli, pero ese papel luego desapareció.

La ex funcionaria declaró que el dinero se lo había prestado su hermano José Rubén para comprar una casa que estaba buscando en el barrio de Saavedra.