Reforma judicial: el kirchnerismo impuso su amplia mayoría y aprobó el proyecto en el Senado con modificaciones de último momento

El Frente de Todos impuso su amplia mayoría en el Senado y aprobó el proyecto que reforma la justicia federal, iniciativa con la que el gobierno de Alberto Fernández pretende restarles poder a los jueces con asiento en Comodoro Py, responsables de llevar adelante las principales causas de corrupción que afectan al kirchnerismo.

El proyecto fue aprobado por 40 votos a favor y 26 en contra. Al oficialismo sumaron sus votos los provinciales aliados Alberto Weretilneck (Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones). El rechazo a la iniciativa, en tanto, estuvo a cargo de Juntos por el Cambio. A ellos se sumaron Carlos Reutemann (Santa Fe) y Lucila Crexell (Neuquén), del interbloque Federal.

Ahora, la iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá redoblar sus esfuerzos si es que pretende convertir en ley la iniciativa.

Como remate de un trámite legislativo desprolijo, el proyecto sufrió modificaciones en el mismo recinto de la Cámara alta antes de ser votado para cumplir con los deseos y pedidos de senadores peronistas y aliados. Se sumaron, así, a los que el oficialismo ya le había introducido al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.

Además de la creación de nuevas cámaras y juzgados federales en el interior del país, se sumó la retractación del oficialista Oscar Parrilli (Neuquén), quien pidió eliminar la polémica cláusula contra los medios de comunicación que había introducido en el dictamen.

El debate se convirtió en un duelo entre el oficialismo y sus aliados, que cerraron filas en defensa de la iniciativa, y la oposición, liderada por Juntos por el Cambio, que ubicó al proyecto como parte de un plan más amplio destinado a garantizarles impunidad a dirigentes kirchneristas y cuestionó el costo presupuestario por la multiplicación de cargos judiciales en el interior del país.

"El objetivo de este proyecto es colonizar la justicia federal", denunció Luis Naidenoff (UCR-Formosa), jefe del bloque de Juntos por el Cambio en el cierre del debate.

Más aún, Naidenoff destacó que, de los doce jueces federales de Comodoro Py, diez fueron designados durante las administraciones kirchneristas.

En un claro mensaje a los jueces supremos, el líder opositor opinó que "la Corte debería estar a la altura de las circunstancias y deberá poner un freno" a la eventual reforma, si es que logra ser sancionada, aunque dejó abierta la posibilidad a que el proyecto encuentre un dique de contención en la Cámara de Diputados.

"Acá se vulneró el debido proceso, el principio de inocencia, por lo tanto se vulneraron los derechos humanos", le respondió, en el final del debate, el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), haciendo suya la teoría del "lawfare" (guerra judicial) forjada por Cristina Kirchner.

"Tenemos un buen proyecto, que mejora la justicia federal en todo el país; apuntamos a tener una justicia libre y transparente, apostamos a salir de dos crisis, la que dejó el gobierno de Macri y la pandemia", agregó Mayans en el cierre de su discurso, cuando empezaba a despuntar el viernes.

El corazón del proyecto es la multiplicación de juzgados federales en la ciudad de Buenos Aires a partir de la fusión de los 12 juzgados del fuero Criminal y Correccional con los 11 del Penal Económico.

Esta cifra se verá duplicada con la creación de 23 nuevos tribunales, elevando así a 46 juzgados el fuero federal porteño. Las causas que se inicien una vez sancionada esta reforma recaerán en los flamantes tribunales, que serán ocupados por jueces subrogantes por un plazo de un año, prorrogable por seis meses más, hasta tanto se realicen los concursos para elegir a sus titulares.

En línea con el discurso de Cristina Kirchner, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), defendió la iniciativa recordando que durante el gobierno de Mauricio Macri existió una "mesa judicial" que se encargó de llevar adelante un lawfare (guerra judicial) contra dirigentes de la oposición.

Anticipándose a las críticas opositoras sobre la supuesta búsqueda de impunidad del kirchnerismo, Sacnun se preocupó por destacar que "ninguna causa va a ser sacada de los jueces naturales", tras lo cual pasó al ataque contra los senadores de Juntos por el Cambio.

"Que aquellos que han decidido el traslado de jueces sin acuerdo del Senado levanten la voz cuestionando las subrogancias es increíble", sentenció la senadora oficialista.

Sin embargo, la macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba), aseguró que el proyecto "es un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar sobre la justicia federal" con el objetivo de buscar "un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno".

Rodríguez Machado también cuestionó lo que denominó como "el festival de cargos" judiciales en el interior del país. Al respecto, aseguró que de los 279 puestos nuevos previstos en el proyecto original se pasó a los más de 900 que quedaron plasmados en el dictamen por la creación de juzgados, cámara y tribunales orales federales en el interior del país.

"Duplicamos los costos de tres mil millones a seis mil millones", se quejó Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), quien acusó al oficialismo de llevar a cabo un "canje de votos por cargos en las provincias". "Es una irracional canallada en la realidad argentina que vivimos", agregó.

"La no reforma"

Tras el pronunciamiento de Cristina Kirchner del último martes fue notable cómo los senadores oficialistas se preocuparon por evitar hablar de la reforma judicial y por acusar a Juntos por el Cambio de haber perseguido opositores cuando fueron gobierno.

"Esto no es una reforma judicial, sino que busca impulsar un reordenamiento de la justicia federal para evitar el cajoneo de expedientes, que impida la construcción de falsas causas, la discrecionalidad judicial, la arbitrariedad con que se manejó en las detenciones durante el gobierno Macri", afirmó la kirchnerista Ana Almirón (Corrientes).

Le respondió la neuquina Lucila Crexell, quien calificó al proyecto como "la no reforma judicial". "No hay garantía de transparencia ni de calidad institucional", agregó la exMPN, quien aseguró que la iniciativa "no combate los operadores judiciales ni la corrupción judicial".

Tras imponer su mayoría en el Senado, al proyecto de reforma judicial le llegará ahora su prueba de fuego: la Cámara de Diputados, donde el Gobierno tendrá que poner toda su atención para conseguir los votos que, por el momento, no tiene.