Refuerzan controles para que se cumpla la ley de paridad de género en las boletas

Las elecciones de 2019 marcarán el debut de la ley de paridad de género para los cargos legislativos nacionales, la cual obligará a las fuerzas políticas a intercalar en sus listas a las candidatas mujeres con los candidatos varones para asegurar una presencia femenina del 50 por ciento en la oferta electoral. El Poder Ejecutivo se apresta a reglamentar la norma para impedir que los partidos recurran a subterfugios jurídicos con tal de evitar los compromisos que impone la paridad.

La ley establece que las listas de candidatos a competir en las primarias y en las elecciones generales para senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur deberán integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente. La reglamentación de la norma, según adelantaron a LA NACION fuentes legislativas, no solo confirmará el espíritu de este artículo; también establecerá que cualquier elector podrá impugnar ante la Justicia Electoral aquellas listas en las que este requisito no se cumpla.

El decreto -que sería dictado en las próximas semanas- dispondría además que si el partido, pese a las intimaciones judiciales, sigue sin respetar la ley de paridad en sus listas, el juez deberá ordenarlas de oficio. El contenido de la reglamentación de esta ley se discutió en el ámbito del Poder Ejecutivo con la participación de legisladores oficialistas y opositores junto a ONG y sectores de la sociedad civil que asistieron a audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, a cargo de Adrián Pérez.

"Nos propusimos una redacción que asegure que la finalidad de la norma no quede desvirtuada por la vía de la interpretación judicial, como sucedió hace dos años en Buenos Aires", indicó a LA NACION una legisladora que participó de las audiencias. Y añadió: "La reglamentación debería dejar bien claro el cumplimiento de la ley de paridad tanto en la confección de las listas que competirán en las primarias como posteriormente, en las elecciones generales".

El caso bonaerense es ilustrativo. La ley de paridad fue sancionada en 2016 y, pese a las advertencias de la oposición, el oficialismo nunca reglamentó cómo resolver un problema: que haya binomios intercalados de hombres y mujeres cuando se conforman listas definitivas luego de internas partidarias donde podía darse el caso -y se dio en 2017- de que todas las listas que competían en un frente estuvieran encabezadas por hombres.

Surgió un conflicto entre el mandato de la paridad, consagrado por la ley, y el respeto a la "voluntad popular", expresado en la Constitución. ¿Debían intercalarse por sexo los candidatos en la lista definitiva, tras las PASO, alterando el orden que surgía de los sufragios conseguidos? La Junta Electoral provincial resolvió que primaba el mandato constitucional y, por tanto, "congeló" la paridad con una resolución. Los partidos terminaron resolviendo internamente la "crisis".

El Congreso nacional sancionó la ley de paridad en 2017 con el propósito de garantizar la igualdad de género en la representación legislativa. Pero va más allá: otro punto clave de la norma es que obliga a las fuerzas políticas a incluir un 50% de mujeres en las listas de renovación de sus autoridades partidarias. De esta forma se garantizaría el ingreso de mujeres en los cargos directivos de los partidos políticos, lo que permitiría equilibrar la balanza de género en los espacios de decisión donde se discute el armado de las listas.

El objetivo de la ley fue superar el límite de la actual ley de cupo femenino, sancionada en 1991, que estableció una cuota mínima de mujeres del 30%. En virtud de esta norma la representación femenina en ambas cámaras alcanzó un promedio del 40% en los últimos años. Así, a principios de 2018 la Argentina se ubicaba en el puesto 15 del ranking de Mujeres en los Parlamentos de la Unión Interparlamentaria (IPU).

Con la ley de paridad se pretende elevar el porcentaje, pero el efecto no sería inmediato. En la elección de 2019 se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Las nuevas reglas de paridad se aplicarán para los nuevos candidatos. El efecto completo podrá observarse en 2021, cuando se renueve la otra mitad de la Cámara baja.

Hay otros factores, como el número de bancas que se elige en cada provincia y quiénes encabezan las listas, si un varón o una mujer. En aquellos distritos donde se elige un número impar de candidatos no puede haber 50% de ambos sexos, por lo tanto el género de la cabeza de lista hace la diferencia producto de la alternancia secuencial de sexos por binomios. Podría darse el caso extremo de una provincia que elige tres diputados nacionales y éstos se reparten entre tres fuerzas políticas distintas cuyas listas son encabezadas por hombres. Allí la participación femenina quedaría neutralizada.

El colectivo de legisladoras que impulsó la ley considera que la norma, bien aplicada, redundará en una representación equitativa en el Congreso. Otros países de la región ya marcaron esa senda: Ecuador y Costa Rica sancionaron sendas leyes de paridad en 2009; Bolivia, en 2010; Nicaragua, Honduras y Panamá, en 2012, y México, en 2014.

En nuestro país, ocho provincias sancionaron normas de paridad en sus legislaturas. Las precursoras fueron Santiago del Estero, Córdoba y Río Negro (entre 2000 y 2002). Se sumaron Buenos Aires, Salta, Chubut y Neuquén en 2016, y Catamarca, en 2018.

Qué pasa en otros países de la región

Ecuador y Costa Rica

• Fueron los primeros países de la región en habilitar la paridad de género, en 2009

Bolivia

• En 2010, el Parlamento boliviano votó la paridad de género legislativa, junto a otra serie de leyes a favor de la equidad

Nicaragua

• El gobierno de Daniel Ortega impulsó la paridad en 2012. Ese año también se sumaron Honduras y Panamá

México

• Fue el penúltimo país de la región, antes que la Argentina, en adoptar la paridad de género. Lo hizo en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto