Remueven a 14 jueces en Santiago del Estero

Un consejo elegirá nuevos magistrados
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23 de abril de 2004  

SANTIAGO DEL ESTERO.– En el contexto de la reconstrucción del Poder Judicial de la provincia el interventor federal Pablo Lanusse, estableció por decreto un nuevo sistema en la designación de jueces y fiscales en esta provincia que autolimita las facultades del Poder Ejecutivo delegando esas facultades a la sociedad civil.

Al mismo tiempo, la intervención federal encabezada por Pablo Lanusse procedió a la remoción de 14 jueces, la mayoría de la esfera penal y uno del fuero civil. "Atento las consideraciones que hemos evaluado que justificaban su remoción atento el grado de sospecha sobre su imparcialidad, credibilidad y buen comportamiento", declaró Lanusse al termino de los anuncios.

Posteriormente, el interventor federal explicó que se autolimitó en sus facultades dado que podría nombrar a los nuevos magistrados según los poderes que le confirió la Nación como interventor, pero, explicó, a tono con la política del presidente Kirchner armará "un consejo consultivo para la designación de magistrados".

Se procura " transparentar el proceso abierto a la participación de la sociedad civil con selección de candidatos con integridad moral, idoneidad técnica y jurídica, compromiso con los valores democráticos y defensa de los derechos humano, dice el decreto de reconstrucción de la justicia santiagueña.

Organo consultivo

El objetivo del proyecto puesto en marcha es "contribuir al mejoramiento del servicio de justicia y su calidad institucional, reconstruyendo el sistema republicano de gobierno mediante la selección de profesionales que reúnan requisitos de integridad moral a través de un período prudencial de consulta a un organo consultivo honorario a constituirse".

Este se integrará con los rectores de las universidades Nacional y Católica con asiento en esta ciudad, el Colegio de Abogados y el Superior Tribunal de Justicia, representado en su presidente.

También confiere participación a la sociedad civil representada en sus colegios profesionales y asociaciones vinculadas con el quehacer judicial y los derechos humanos y otros organismos relacionados.

El consejo tendrá un plazo de 72 horas, formulada la consulta, para elevar una nómina no vinculante de hasta cinco candidatos que reúnan las condiciones exigidas.

Los propuestos deberán presentar su currículum vitae, una declaración jurada patrimonial y, de corresponder, la nómina de clientes o contratistas que hubiere atendido en los últimos dos años, quienes, de reunir los requisitos, tomarán posesión del cargo en siete días.

Lanusse reconoció que también así busca "de una vez por todas dar respuestas a los reclamos de justicia de Santiago del Estero".

En tanto, el fiscal federal Alberto Pravia solicitó ayer al juez federal Angel Toledo que se adopten todas las medidas legales para que se indague y detenga al empresario Gustavo Eduardo, en el marco de la causa en la que se investiga el saqueo e intento de asesinato que sufrió el diputado nacional José "Pepe" Figueroa.

Fuentes judiciales revelaron a la agencia Télam que el fiscal avanzó en su requerimiento porque a raíz de los elementos recolectados en la causa surge "una serie de coincidencias en cuanto a la participación de determinadas personas en el desarrollo de las acciones que se investigan".

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