Resignado, el Gobierno ya da por perdida la reforma de la Justicia

La reforma judicial, presentada por el kirchnerismo como la "democratización" de la Justicia, se desintegra. La Corte Suprema, que ya había declarado inconstitucional la modificación del Consejo de la Magistratura, dejó sin efecto la semana pasada las tres últimas leyes que seguían en pie. Algunas normas las postergó sin plazo; otras, las declaró inválidas.

El oficialismo asiste con resignación a la caída de su proyecto. "Ya no es tema. Tema, hoy, es el resultado electoral y, además, ¿qué vamos a hacer?", dijo a LA NACION un funcionario kirchnerista que había defendido a ultranza la reforma judicial. "La Presidenta podrá decir que quiso transformar la Justicia y no la dejaron", se consoló.

Abiertamente, sólo hubo reacciones aisladas. El diputado Carlos Kunkel dijo a LA NACION que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, es un "desestabilizador", y su par Diana Conti, algo más optimista, que las leyes sirvieron para "instalar el debate" sobre la Justicia.

Pero ni la Presidenta ni ningún otro funcionario hicieron declaraciones públicas sobre las últimas decisiones de la Corte, que el martes pasado resolvió que no entregará sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (depende del Poder Ejecutivo), que sólo dará a conocer todas las sentencias de los tribunales cuando desarrolle su propio sistema para hacerlo, y que no piensa informar con antelación los temas que tratará en cada reunión. Todas éstas eran imposiciones de las nuevas leyes, sancionadas por el Congreso en mayo.

Los kirchneristas se debaten en estos días entre la bronca contra la Corte –varios acusan a Lorenzetti de traidor– y una suerte de resignación. Dicen que, por cómo venía actuando el tribunal, estas decisiones eran esperables. En cuanto a la falta de respuesta a esas decisiones, explican que se debe a las elecciones y a la causa por la ley de medios, en la cual temen un fallo adverso.

Sin embargo, hay oficialistas que creen que esta sucesión de fallos contrarios a los intereses del Gobierno puede ser la antesala de una decisión no del todo perjudicial en el caso Clarín. Especulan con una jugada salomónica de la Corte Suprema. Pero lo cierto es que no tienen claro qué va a pasar.

"Ésta es una opinión mía: Lorenzetti tiene una clara actitud desestabilizadora -dijo Kunkel-. Quiere avanzar sobre las instituciones impidiendo el funcionamiento del Congreso y el Poder Ejecutivo. Lorenzetti quiere más poder sin los votos de la ciudadanía."

Conti, con una mirada más positiva, dijo a LA NACION: "Es verdad que la Corte ha emitido sus fallos, pero el debate acerca de la democratización de la Justicia se instaló en la sociedad y surgió dentro del Poder Judicial una agrupación como Justicia Legítima, que, contrapuesta a otros sectores, puede generar debates productivos hacia la democratización".

La presidenta de Justicia Legítima, la camarista María Laura Garrigós, sí habló de las acordadas del máximo tribunal: "Pareciera que la Corte está decidida a no cumplir con las normas que integran la reforma judicial", dijo la semana pasada a Página 12. No sólo por la declaración de inconstitucionalidad de la "elección popular" de los miembros del Consejo de la Magistratura; también porque "no hizo nada" -afirmó Garrigós- para cumplir con el ingreso por concurso ni con la publicidad de todos los fallos judiciales. El máximo tribunal no desconoció estas demandas legales, pero supeditó su aplicación a la reglamentación y a las adecuaciones prácticas que hará para cumplirlas.

Ayer, Garrigós dijo a LA NACION: "Al decir con una acordada que no va a aplicar la ley, la Corte se está arrogando atribuciones que no tiene. Ningún órgano del Estado puede, por una decisión de superintendencia, decir que es inconstitucional una ley".

Una idea de Cristina

¿Cómo es posible que el Gobierno no haya previsto que la Justicia iba a bloquear la aplicación de todas las leyes de la reforma judicial? ¿Quién se equivocó? ¿Quién pagará el costo político por estas derrotas?

En el oficialismo coinciden en que quien decidió avanzar con la reforma, en los fuertes términos en los que se planteó, fue exclusivamente la presidenta Cristina Kirchner. Que las evaluaciones sobre el futuro de las leyes se hicieron sólo en la Casa Rosada y que el núcleo que participó de las decisiones involucradas en las iniciativas de la reforma fue mínimo. En el grupo redactor estuvo el secretario de Justicia, el camporista Julián Álvarez, pero un kirchnerista relató a LA NACION que en algún punto de la reforma la Presidenta dispuso ir más allá incluso de que lo que él le había propuesto.

"Era impensable que la Corte Suprema hiciera lo que hizo", dijo Garrigós a LA NACION. "Está dando muestras claras de que quiere seguir una línea política que no tiene puntos de coincidencia con la del Gobierno. En la división de poderes, la Corte no está llamada a eso."

En el máximo tribunal sostienen que nadie puede decirse sorprendido. "Era clarísimo que las leyes eran inconstitucionales -dijo esta semana a LA NACION un ministro de la Corte-. No pudimos decirlo hasta que no tuvimos los casos."

Y agregó: "Mirá si le vamos a avisar a Zannini [Carlos, secretario de Legal y Técnica] cinco días antes los temas que vamos a tratar".

El mismo ministro del tribunal relató a LA NACION que hoy el Gobierno no les contesta, ni siquiera para decirles que no, los pedidos realizados en los últimos tiempos de reasignación de partidas presupuestarias que necesita la Corte para administrar los tribunales.

"El Poder Judicial claramente dijo dónde está parado en relación con el Gobierno: en frente", afirmó un funcionario que siguió de cerca el destino de la reforma judicial. Por ahora, la Casa Rosada eligió como respuesta el silencio.

El derrotero de un plan polémico

Avances y retrocesos en la iniciativa de reforma judicial

• Presentación
  
  La presidenta Cristina Kirchner presentó el 8 de abril en la Casa Rosada el paquete de seis iniciativas de reforma judicial que serían enviadas al Congreso para su aprobación

• Trámite exprés
  
  En poco más de una semana, y a pesar de las críticas opositoras, los seis proyectos (incluidos la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura y la regulación de las medidas cautelares) fueron aprobados por el Congreso

• Primer límite
  
  El 18 de junio la Corte Suprema declaró inconstitucionales varios artículos de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, proyecto medular de la iniciativa del oficialismo

• Barrera judicial
  
  El juez en lo contencioso Enrique Lavié Pico impide que se cubran con subrogantes las tres nuevas Cámaras de Casación que determinaba otra de las seis leyes impulsadas

• Golpe final
  
  La semana pasada, la Corte desactivó los tres proyectos que quedaban en pie: el que obligaba a dar a publicidad las declaraciones juradas de los funcionarios; el que obligaba a publicar los fallos, y la norma que obligaba a democratizar el ingreso al Poder Judicial

Para Cabral, la Corte reafirmó su independencia

El camarista Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, celebró las resoluciones de la Corte que pusieron límites a la reforma judicial: dijo que reafirman la independencia de la Justicia. "Reafirman el carácter que tiene, en una sociedad democrática y republicana, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial como poder del Estado".

Cabral afirmó a LA NACION que la Corte Suprema invalidó los aspectos inconstitucionales de las leyes promovidas por el Gobierno y dejó en pie los positivos, como el ingreso por concurso a la función pública, "advirtiendo la necesidad de que abarque no sólo al Poder Judicial, sino a todos los poderes del Estado".

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