Crisis en el Gabinete: el impacto nacional ante un nuevo ministro. Retenciones: San Luis le inició juicio al Estado

Rodríguez Saá pide que sean anuladas

26 de abril de 2008

La provincia de San Luis demandó al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia por las retenciones agropecuarias, a las que considera "inconstitucionales", y pidió que fueran dejadas sin efecto.

En una presentación de 62 carillas, firmada por el gobernador Adolfo Rodríguez Saá y el ex ministro de la Corte Rodolfo Barra, el gobierno puntano denunció, además, que el sistema de retenciones móviles a las exportaciones del agro "afectan la coparticipación federal de impuestos".

La presentación ingresó directamente a la Corte como "juicio originario", porque se trata de la demanda de una provincia contra la Nación, y pide también la inconstitucionalidad de "todos los derechos de exportación que hayan sido establecidos por el Estado nacional a partir del 1° de enero de 2002".

De esta manera, el pedido no sólo comprende a las retenciones que son ejes del conflicto actual entre el Gobierno y el campo, sino también todas las anteriores, aplicadas por los gobiernos posteriores a la caída del ex presidente Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001.

La provincia de San Luis reclama, además, una compensación de parte de la Nación por el dinero que aduce haber perdido por la aplicación de esos tributos en materia de coparticipación federal.

Según la demanda, las retenciones causan "efectos distorsivos" en la economía nacional y "desalientan a los sectores productivos más dinámicos del país".

San Luis también calificó de "unitarias y antidemocráticas" las medidas adoptadas por el gobierno central, y describió las retenciones como un sistema violatorio del "federalismo fiscal territorial".

"El ejercicio abusivo del poder fiscal en materia de derechos de exportación, por parte del Estado nacional, constituye una burla o desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal", afirma la presentación judicial.

Sobre la eventual inconstitucionalidad reclamada por San Luis, el texto recuerda que es "potestad exclusiva del Congreso de la Nación fijar tributos y legislar en materia aduanera", por lo que "ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del jefe de Gabinete pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo".

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