Revés del Gobierno en el Congreso

Convulsionado ante la severa crisis social y los saqueos que se registraron ayer en el país, el Congreso comenzó a dar forma ayer a dos leyes clave que, de sancionarse hoy en la Cámara alta, impactarán profundamente en el escenario político y económico: se trata de la derogación de la ley de facultades especiales que el Parlamento delegó en el Poder Ejecutivo en marzo último y un proyecto para que se liberen los salarios y las jubilaciones de las restricciones bancarias.

Las iniciativas obtuvieron ayer media sanción de la Cámara de Diputados, pero cuando el Senado comenzaba a tratarlas se postergó el debate hasta hoy.

Una jugada de último momento de la bancada de senadores radicales logró postergar hasta este mediodía la sesión en la que la Cámara alta se disponía a convertir en ley la derogación de las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo en marzo último y la libre disponibilidad de sueldos y jubilaciones en el sistema bancario.

Fue a partir de una oportuna intervención del titular del bloque de la UCR, Carlos Maestro (Chubut), que el PJ debió resignar sus pretensiones de convertir en ley los proyectos que había aprobado la Cámara de Diputados en la tarde de ayer.

Maestro solicitó un cuarto intermedio aduciendo que en su mensaje al país el presidente Fernando de la Rúa había realizado una convocatoria a una nueva ronda de concertación entre gobernadores, partidos políticos y las conducciones de ambas cámaras legislativas.

Así, reclamó postergar el tratamiento sobre tablas de ambas iniciativas, que había solicitado el jefe del bloque peronista, José Luis Gioja, "hasta ponernos en auto de la situación" del país.

El PJ se resistió -el riojano Jorge Yoma lamentó que la UCR "no otorgue los dos tercios para liberar salarios y rever las facultades mal utilizadas por el Poder Ejecutivo"-, pero finalmente Gioja debió aceptar que con la ausencia del radicalismo no podría alcanzar el número de votos necesarios para sancionar los proyectos horas antes aprobados por Diputados.

También se decidió tratar hoy en ambas Cámaras el decreto 1678, mediante el cual el Poder Ejecutivo dictó el estado de sitio en todo el país. Al respecto, Yoma solicitó la concurrencia del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y del ministro del Interior, Ramón Mestre, para que "informen qué medidas van a tomar para solucionar el grave conflicto social que vive el país".

Algo similar ocurrirá en la Cámara de Diputados, en la que su titular, Eduardo Camaño (PJ-Buenos Aires), pretende tratar hoy mismo la decisión del Poder Ejecutivo. Antes de que se postergara la sesión, la mayoría justicialista del Senado aprobó una resolución mediante la cual autoprorrogó las sesiones ordinarias.

La Cámara alta se comprometió a aprobar hoy la delegación de facultades especiales en el Poder Ejecutivo y la limitación del cobro de sueldos y jubilaciones, dos herramientas clave de la política económica impulsada del ministro Domingo Cavallo.

La primera iniciativa permitió al Gobierno obviar al Congreso para impulsar medidas que hubieran necesitado de un aval parlamentario. Desde marzo último el presidente Fernando de la Rúa emitió 102 decretos de facultades delegadas.

La restricción bancaria de salarios y jubilaciones fue impuesta por decreto hace dos semanas por el Poder Ejecutivo para impedir una fuga de capitales del sistema bancario.

La sorpresiva ofensiva del Congreso fue promovida por los diputados y senadores del PJ, aliados con otros sectores opositores. La UCR, por su parte, no demostró demasiada fidelidad al Gobierno: muchos de sus legisladores no sólo avalaron la embestida opositora (o bien se abstuvieron en la Cámara baja), sino que, en una decisión de inusitada dureza, exigieron al Presidente reestructurar su gabinete (de lo que se informa aparte).

El nerviosismo en el Congreso era palpable. Pasado el mediodía, a medida que se dimensionaba la magnitud de la crisis social, los diputados de la oposición promovieron convocar a una sesión especial a manera de respuesta parlamentaria ante los incesantes saqueos.

Pese a que en el Congreso rige el período extraordinario de sesiones -y, por lo tanto, sólo puede tratarse el temario propuesto por el Ejecutivo-, los legisladores de la oposición decidieron sesionar en ambas cámaras. El argumento: el Congreso tiene como facultad fundamental ejercer el control permanente sobre los actos del Ejecutivo y así lo marca la Constitución. Alegaron que el Congreso puede revisar las medidas que el Gobierno emita.