Revés para el Gobierno: la Justicia invalidó el acuerdo con Irán

La Cámara Federal le dio ayer un golpe fulminante al acuerdo firmado entre la Argentina e Irán con el declarado objetivo de avanzar en la investigación del ataque terrorista contra la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El tribunal declaró su inconstitucionalidad , y así lo dejó temporalmente sin efecto. El Gobierno anticipó anoche mismo que apelará la medida , por lo que el tema deberá ser resuelto en última instancia por la Corte Suprema.

Los jueces no sólo frenaron su ejecución, sino que además reclamaron que se reiteren los pedidos de captura a los iraníes sospechados de planificar el ataque. También pidieron a Interpol que vuelva a incluir entre los buscados a altos funcionarios de ese país, entre ellos el ex presidente Ali Akbar Rafsanjani, que había sido excluido.

Los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, de la Sala I de la Cámara Federal, fueron muy duros al señalar que el memorándum, firmado en secreto en Etiopía el 27 de enero del año pasado por el canciller Héctor Timerman y su colega iraní, Ali Akbar Salehi, ignora la competencia de la justicia argentina, avanza sobre la división de poderes, se inmiscuye en el Poder Judicial, condiciona sus decisiones y no tiene en cuenta a las víctimas, que, según los jueces, son consideradas "convidadas de piedra".

La sentencia es un serio revés para el Gobierno, y en especial para Timerman, que defendió el memorándum en el Congreso, a pesar de que Irán siempre fue elusivo a la hora de interpretar sus alcances.

El Gobierno intentó una gestión oficiosa de última hora para dar vuelta la sentencia o neutralizarla. Alak envió a tribunales a su jefe de gabinete de asesores, Juan Martín Mena. Estuvo reunido en el segundo piso de Comodoro Py 2002 casi dos horas con el juez Eduardo Freiler, el tercer integrante de la Cámara que no votó por estar excusado, ya que intervino antes en la causa.

Fuentes del Ministerio de Justicia dijeron que Mena fue a informarse y que no buscó torcer el fallo mediante un alegato de oído de último minuto. Se fue cerca de las 18 en su auto oficial con chofer cuando el edificio estaba casi desierto.

El ministro Alak y el canciller Héctor Timerman anunciaron que llevarán el caso a la Corte porque "invade facultades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional". Alak afirmó que "las relaciones exteriores están confiadas al Poder Ejecutivo y al Senado de la Nación, no a los jueces". Y Timerman chicaneó: "A partir de ahora, cualquier país antes de firmar un tratado con la Argentina tendría el derecho de exigir que el Poder Judicial lo autorice".

El memorando fue frenado a instancia de la comunidad judía. La DAIA y la AMIA, representadas por su abogado Miguel Bronfman, fueron las que presentaron un recursos de amparo que fue concedido por los jueces. El fiscal Alberto Nisman también apeló ante la Cámara Federal.

"Es una gran satisfacción porque logramos remover un obstáculo que solo podía conducir al punto final de la causa AMIA. Jurídicamente el memorando era inconstitucional, políticamente inexplicable y desde la práctica absolutamente pernicioso para las aspiraciones de justicia de las victimas", dijo anoche Bronfman a LA NACION cuando se notificó personalmente en Tribunales.

El acuerdo contemplaba la formación de una Comisión de la Verdad que analizaría las pruebas y mencionaba que el juez podía viajar a interrogar a los sospechosos. Sólo iba a entrar en vigor una vez que el Congreso iraní lo aprobara, lo que nunca se informó oficialmente.

La comunidad judía había pedido su nulidad en la Justicia, pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral entendió que era abstracto el planteo porque el pacto no estaba en vigor. AMIA, DAIA y la fiscalía apelaron y la Cámara Federal les dio la razón.

Los camaristas fueron mas allá de lo que había pedido la comunidad judía. Indicaron a Canicoba Corral que reitere los pedidos de extradición y a Interpol que "extreme los esfuerzos y recursos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas dispuestas en la causa", más allá de anotarlos en sus circulares rojas.

Los acusados con pedido de captura son el ex ministro de Seguridad Ali Fallahijan, el ex consejero cultural de la embajada iraní Mohsen Rabbani, el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Ashgari, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y el ex jefe de las fuerzas QUDS Ahmad Vahidi.

Interpol había rechazado pedir las detenciones del ex presidente de Irán Ali Rafsanjani, del antiguo ministro de Asuntos Exteriores Ali Akbar Velayati y del ex embajador de Irán en Buenos Aires Hadi Soleimanpour, pero ahora la Cámara Federal también le pidió a Interpol que revise esa decisión y considere incluirlos en sus circulares rojas para detenerlos.

El juez Farah dijo que el memorando funcionaba como "sustituto de la averiguación de la verdad" y que la Comisión de la Verdad "importaría admitir la indebida intromisión" de la Cancillería "en cuestiones ajenas a su competencia constitucional y, en consecuencia, aceptar una violación flagrante a la división de poderes ínsita en el sistema republicano de gobierno".

Farah dejó afuera de las críticas a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, sobre quienes resaltó "los múltiples esfuerzos en procura del esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido y del avance de la investigación". Lo mismo hizo Ballestero cuando escribió que "las intenciones que han sustentado este acuerdo, así como las propias negociaciones que lo precedieron, evidencian con total transparencia los múltiples esfuerzos realizados por el gobierno argentino, tanto en instancias nacionales como internacionales, en procura del esclarecimiento de lo ocurrido y del avance de la investigación".

Farah dijo que el pacto deja fuera al juez, a la asistencia judicial reclamada a Irán y al fiscal, y entendió que posterga la resolución de la causa.

"Convalidar lo actuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores importaría admitir la indebida intromisión del mismo en cuestiones ajenas a su competencia constitucional y, en consecuencia, aceptar una violación flagrante a la división de poderes ínsita en el sistema republicano de gobierno", dijo.

Freiler en el mismo sentido entendió que se le da a la Comisión de la Verdad facultades judiciales lo que implica una intromisión y una ruptura de la división de poderes.

Además destacó que Argentina no exhibe ninguna debilidad institucional para requerir la firma de este acuerdo porque si bien es cierto que hubo irregularidades en la investigación de la causa AMIA, es el propio Poder Judicial argentino el que las está juzgando.

Del editor: qué significa.