Rige el estado de alerta entre los empresarios indagados por Bonadio

Bonadio supone que hubo asociación ilícita
Bonadio supone que hubo asociación ilícita Fuente: Archivo
Se los imputó por asociación ilícita en un desprendimiento del casi de los cuadernos; el juez ya ordenó cuatro detenciones después de que los citados desconocieron los hechos
Candela Ini
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3 de marzo de 2019  

En el marco de una causa desprendida de la investigación de los cuadernos , donde se indaga sobre la supuesta cartelización de obras públicas viales, esta semana pasaron por el juzgado de Claudio Bonadio 47 empresarios de la construcción. También debió asistir a Comodoro Py , en medio de un contundente operativo de seguridad, la expresidenta Cristina Kirchner, para declarar por ocho causas que tiene Bonadio bajo su órbita.

A todos los empresarios les leyeron la misma imputación, donde se los investiga por haber integrado una asociación ilícita, diferente de la que habían delimitado los funcionarios judiciales al inicio de la causa. En este nuevo tramo de indagatorias, algunos de los involucrados reconocieron reuniones con el financista Ernesto Clarens, otros se remitieron a sus indagatorias anteriores, y otros negaron todos los hechos.

Bonadio ordenó detener a cuatro de los indagados después de que negaran las acusaciones. Se trata de Hugo Dragonetti, de la firma Panedile, Osvaldo Acosta, de Electroingeniería, Gustavo Dalla Tea, de Supercemento y Norberto Ardissone, del directorio de Contreras Hermanos.

Después de pasar un fin de semana en prisión, Dragonetti volvió al juzgado de Bonadio para rectificar sus dichos. Asumió que pagó dinero para que le liberaran las certificaciones de obras que habían sido adjudicadas a su empresa de manera lícita y entonces recuperó su libertad.

También declararon Eduardo Eurnekian, dueño del grupo Corporación América; Ángelo Calcaterra, exdueño de Iecsa; Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux; Aldo Roggio, de Grupo Roggio, y Carlos Wagner, de Esuco, entre otros. Eurnekian negó tener conocimiento de todo acto ilícito que pudo haber sucedido en la órbita de su empresa Helport. Dos directivos de Helport habían reconocido, en el expediente donde se investigan los contratos de concesiones viales, haber hecho pagos a Claudio Uberti, del OCCOVI.

En septiembre del año pasado, Bonadio había optado por procesar a decenas de empresarios por el delito de asociación ilícita. Según el juez, los directivos habían integrado entre los años 2003 y 2015 un esquema comandado por la expresidenta Cristina Kichner, a quien procesó como jefa, junto con Julio De Vido, Roberto Baratta y demás exfuncionarios del Ministerio de Planificación, a través del cual recibían contratos del Estado a través del pago de sobornos.

La Cámara Federal confirmó esos procesamientos en diciembre pero cambió las calificaciones de los delitos y los dejó procesados por cohecho activo. Quienes sí quedaron confirmados por la Cámara como miembros de dicha asociación fueron Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, titular de la firma Electroingeniería, que aún continúa detenido.

La prueba para la apertura de este expediente fue el listado aportado por Clarens, las declaraciones de Wagner y Juan Chediack, y listados aportados por la Dirección Nacional de Vialidad y por la Oficina Anticorrupción. Esta segunda imputación por asociación ilícita preocupa más a los empresarios porque, dicen algunos abogados defensores que intervienen en la causa, "tiene más viso de realidad". Esta frase es referida a que se trata de otro escenario: ya no se los acusa de haber integrado la asociación comandada por Cristina Kirchner, sino que a varios de ellos se los está investigando por haberse "repartido" entre ellos las obras que figuran en los listados. "Esto sí tiene color de asociación ilícita", dijo otro de los letrados en diálogo con este medio.

Pero no solo rige la preocupación por aquellos hechos que se les imputan, sino que además hay un estado de alerta constante por la metodología implementada en el juzgado a la hora de tomar las declaraciones indagatorias.

Si bien en estas semanas la estrategia de los empresarios y sus defensores fue negar todos los hechos imputados, quedó claro que desde el juzgado de Bonadio las expectativas son mayores. Según pudo corroborar LA NACION de fuentes judiciales, a todos los que pasaron por el juzgado se les sugirió que prestaran declaración como imputados colaboradores, es decir, como arrepentidos.

"Si negás los hechos te mandan a pensar, y si no reconocés nada, te mandan a detener", dijo uno de los defensores.

Según supo LA NACION, a los empresarios Pablo José Gutiérrez, de Fontana Nicastro, Julio José Paolini, de Paolini, por ejemplo, los mandaron "a pensar" después de que negaron los hechos imputados.

La visita de Dragonetti al juzgado de Bonadio para rectificar sus dichos, esposado y con casco, impresionó a los empresarios que aguardaban en el hall para ingresar a ser indagados. Allí se encontraban, entre otros, Eduardo Eurnekian, Enrique Huergo, de Dycasa; y Juan José Paolini. Uno de los involucrados dijo a este medio que "les pasaron a Dragonetti por la nariz", como una forma de provocación.

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