Rívolo: "La causa podría llegar a juicio en 2019"

El fiscal federal Carlos Rívolo estimó que la causa judicial de los cuadernos de las coimas podría llegar a juicio en el segundo semestre del año que viene, debido al ritmo con el que se investiga el expediente.

Además, en diálogo con Toma y daca, por Radio Cooperativa, aseguró que el debate por el desafuero de Cristina Kirchner no modifica la investigación.

Rívolo, que investiga junto a Carlos Stornelli la causa en la que Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita, opinó sobre la herramienta legal que permitió la ola de derivaciones que tuvo esta causa: la ley del arrepentido.

Reconoció que la ley "no es la mejor que salió" y que junto a otros fiscales pretendían que fuese "más fuerte" y aplicable a otro tipo de delitos y no solo a corrupción y narcotráfico. "El testimonio por sí mismo no alcanza para ir a una condena. Hay un año para probarlo", explicó.

En cuanto al desafuero de Cristina Kirchner, que se ve dificultado por las expresiones del jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Pichetto, y por la falta de apoyo de los otros bloques, Rívolo dijo: "Desde que se dictó la ley de fueros, fue un avance que se pueda investigar a todos los funcionarios de cualquier nivel. Las investigaciones siguen hacia adelante y el Senado pidió una sentencia firme para el desafuero. No peligra la investigación". Y dijo, con respecto a que el año que viene será electoral: "Si pensamos en los tiempos electorales, paralizamos la Justicia, porque votamos cada dos años, no tenemos que pensar en elecciones cuando hablamos de Justicia".

Los fiscales Rívolo y Stornelli apelaron la semana pasada el fallo del juez Claudio Bonadio, con objeciones respecto de la cantidad de procesados y la calificación legal de los delitos que se investigan. Además, pidieron que el juez ordene nuevas detenciones.

En su apelación, los fiscales pidieron acusar a Cristina Fernández de Kirchner de 913 hechos de corrupción. A la expresidenta se le trabó un embargo de 4000 millones de pesos y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos. Solo en su domicilio de Uruguay y Juncal se realizaron 87 entregas de fondos ilegales por casi 70 millones de dólares.

También pidieron los fiscales que los empresarios Carlos Wagner, el financista Ernesto Clarens y el exfuncionario José López sean considerados organizadores y no solamente miembros de la asociación ilícita, a pesar de que están "arrepentidos".

En ese sentido, consideraron que se debe adjudicar el rol de organizador también a Gerardo Ferreyra, director de Electroingeniería, y que sean procesados Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Javier Sánchez Caballero y Jorge Neira, a quienes Bonadio optó por no procesar aún y les dictó la falta de mérito.