Ruckauf tiene listo un drástico ajuste

La reforma incluye pases a disponibilidad y alcanzaría a 280.000 agentes; quedarían exceptuados los docentes y los policías El Ejecutivo mandará a la Legislatura provincial una "ley ómnibus" para bajar el gasto público Será una norma complementaria a la ley de emergencia económica financiera
Pablo Morosi
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12 de diciembre de 2001  

LA PLATA.- Ante la difícil situación por la que atraviesan las finanzas provinciales, en el gobierno bonaerense se trabaja en una "ley ómnibus" para bajar el gasto público mediante una drástica reestructuración funcional que alcanzará a empleados y dependencias oficiales e incluiría el pase a disponibilidad de agentes provinciales.

Los detalles de la iniciativa se mantienen en estricta reserva. No obstante, trascendió de esferas oficiales que la norma complementará a la ley (12.727) de emergencia económico-financiera de la provincia.

Las mismas fuentes aseguraron que el anteproyecto está en estudio en los organismos de asesoramiento jurídico del gobierno de Carlos Ruckauf y que ya fue discutido con algunos legisladores e intendentes del justicialismo, que anoche confirmaron a LA NACION su existencia.

El plan que se prepara en las oficinas del Ministerio de Economía y en dependencias de la Casa de Gobierno provincial alcanzaría a unos 280.000 agentes y exceptuaría a los 47.000 policías y a los 250.000 docentes.

"De ningún modo habrá despidos. Se trata de hacer el recorte buscando la menor incidencia posible para los empleados", explicó anoche un vocero del gobernador.

El paquete de medidas, ideado por un grupo coordinado por el actual asesor y ex director general de Cultura y Educación José Octavio Bordón, propone poner en disponibilidad a los empleados provinciales para permitir racionalizar planteles, en especial en los entes autónomos, y reubicar personal para arribar a una "máxima optimización de los recursos humanos", se dijo.

También contempla la eliminación de organismos, unificación de funciones de secretarías y direcciones en los ministerios, además de una fuerte reducción de gastos, algo que ya fue incluido en la ley de emergencia -votada en julio último-, pero que, hasta el momento, sólo implicó un ajuste de unos 40 millones al año en contratos de personal jerárquico.

"Existe un compromiso del gobernador para reducir estructuras, mejorar los servicios y morigerar erogaciones", dijo a LA NACION el ministro de Trabajo, Aníbal Fernández, el único funcionario provincial que quiso hablar del tema públicamente.

El resto de los miembros del gobierno bonaerense consultados prefirió el off the record a la hora de hablar de los cambios que se preparan en el Estado provincial.

"Lo que pasa es que todo esto está en discusión", justificó Fernández.

Sin embargo, desde el anonimato, otros ministros y varios legisladores respaldaron las versiones y revelaron que aún resta definir la oportunidad para difundir oficialmente el proyecto y enviarlo a la Legislatura para su aprobación e inmediata puesta en marcha.

En rigor, se trata de reeditar la ley 11.184, que rigió entre 1991 y 1994, durante la primera gestión de Eduardo Duhalde al frente de la provincia, que puso a todos los empleados en disponibilidad, además de eliminar los llamados "enganches salariales" en los poderes Legislativo y Judicial.

Aquella norma también dio vida a un régimen de jubilación anticipada y de retiro voluntario e impulsó una reforma del Estado que ampliaba las facultades del gobernador, que, sin embargo, nunca avanzó con los cambios.

Dificultades

Con una caída en la recaudación que hace varios meses supera el 10% y con una pobre expectativa para el cierre del año actual, los responsables de las finanzas provinciales están al borde de un ataque de nervios y saben que no tienen muchas opciones.

Ocurre que los ingresos tributarios propios constituyen casi el 40% de los recursos provinciales. El panorama se ensombrece si a la caída del cumplimiento impositivo de los contribuyentes se suma la incertidumbre por el flujo de los fondos correspondientes a la coparticipación federal.

Los problemas de caja sufridos por la administración de Ruckauf fueron sorteados, en parte, gracias a la autorización legislativa que dio vida a los bonos Patacón (se emitieron 800 millones de pesos). Sin embargo, el gobierno sabe que ni siquiera la ventaja de tener la mayoría legislativa permitirá estirar demasiado el plazo de una mayor emisión. La única opción es avanzar hacia el recorte en serio de la estructura del Estado, coincidieron las fuentes consultadas.

Es cierto que los bonos frenaron la caída en picada del consumo provincial y también de la recaudación. Pero esto no parece suficiente.

Ahora, con mayoría y quórum propios en la Legislatura bonaerense, el gobernador tiene el aval suficiente para imponer su reforma.

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