Derechos humanos. Saint Jean y Smart, con arresto domiciliario

Los investigan por crímenes ocurridos en la dictadura

7 de Mayo de 2008

LA NACION

LA PLATA.- El gobernador militar bonaerense durante la última dictadura general Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno, Jaime Smart, quedaron detenidos en sus domicilios por orden del juez federal de esta ciudad, Arnaldo Corazza, acusados de violaciones de los derechos humanos.

Los ex funcionarios provinciales se presentaron ayer espontáneamente ante Corazza luego de que éste librara, a primera hora, las órdenes de detención en su contra. Fueron alertados por uno de sus letrados, que concurrió al tribunal a revisar si había novedades en el caso.

El juez concedió el beneficio de prisión domiciliaria pedido por las defensas letradas de los procesados -ambos tienen más de 70 años-. Ayer, en el mismo acto, Corazza indagó a los detenidos: el general Saint Jean se negó a declarar. Smart accedió, pero negó las acusaciones en su contra. En los próximos días el juez deberá definir la situación procesal de los ex funcionarios provinciales.

Saint Jean, de 85 años, fue gobernador bonaerense entre el 8 de abril de 1976 y el 28 de marzo de 1981. La causa contra los ahora detenidos investiga, entre otras cosas, la privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos por el periodista Jacobo Timerman y el posterior cierre del diario La Opinión , que dirigía el periodista. Se trata de un expediente que se desprendió de la denominada "causa Camps" -en relación con el ex jefe policial Ramón Camps, también conocida como causa N° 3-, abierta tras el juicio a las juntas militares.

Saint Jean y Smart (el primer ministro civil detenido) están acusados, además, de múltiples privaciones ilegales de la libertad, secuestros, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas ocurridas en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco, COT1 Martínez y Comisaría 5ta. de esta ciudad.

Antecedentes

Las detenciones habían sido pedidas al juez Corazza el 13 de septiembre pasado por el abogado de la familia Timerman, Alejo Ramos Padilla, y por varios organismos defensores de los derechos humanos.

La solicitud coincidió con la convocatoria de éstos y otros ex funcionarios civiles de aquel gobierno a prestar declaración como testigos durante el juicio contra Christian von Wernich, por lo que se decidió suspender su comparecencia en el proceso que terminó con la condena a prisión perpetua del capellán de la policía bonaerense.

Un mes más tarde fue el fiscal Sergio Franco, que interviene en el caso, quien requirió la detención de Saint Jean y Smart y pidió, además, que se ampliara la pesquisa sobre la intervención de civiles en la represión ilegal.

En su pedido, Franco afirmó que Saint Jean "como jefe del Poder Ejecutivo, ostentaba el mando superior de la policía, aun por encima del propio Camps". Y sobre Smart sostuvo que, "en su carácter de ministro de Gobierno, debía resultar un eslabón necesario entre el gobernador militar y la jefatura de la policía, al menos, en la facilitación de los medios necesarios para la operatoria del terrorismo de Estado".

"Como mínimo era necesaria la participación de los miembros del gobierno con ubicación jerárquica por sobre la jefatura de policía y la estructura burocrática del Estado provincial", acotó el fiscal en su escrito.

Uno de los elementos que sirvieron para incriminar a los ahora detenidos es el agradecimiento a varios de los miembros del gobierno provincial por su "colaboración" que Ramón Camps -jefe de la policía provincial entre 1976 y 1978- incluyó en su libro Caso Timerman, punto final . Sobre ellos, Camps señaló: "Fueron parte de un todo".

Pablo Morosi

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