San Juan amenaza con denunciar a Casanello
El juez federal Sebastián Casanello ordenó un nuevo estudio para determinar los efectos del derrame en la mina de Barrick Gold, en San Juan , y la provincia amenazó con denunciarlo ante la Corte Suprema .
Según el fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo, Casanello "avasalló" esta semana la competencia provincial cuando dispuso nuevos peritajes sobre la calidad de las aguas en los distritos sanjuaninos de Iglesias y Jáchal, ordenó informes sobre el estado del suelo y las especies vegetales y animales, y encargó análisis médicos sobre los pobladores de la zona.
"Estamos analizando la situación para realizar una presentación ante la Suprema Corte denunciando un nuevo atropello del doctor Casanello con motivo del incidente de Veladero", dijo el fiscal de Estado Alvo, según publicó el diario El Zonda. De acuerdo a la Constitución local, Alvo es quien debe "defender el patrimonio de la provincia".
Alvo sostuvo que Casanello "desobedeció un mandato judicial, ya que la Corte se expidió sobre el tema, escindiendo la competencia" entre su juzgado y el juez local de Jáchal. A pedido del juez provincial, la Corte nacional solo le dejó a Casanello la investigación sobre los funcionarios nacionales y el magistrado procesó a dos exsecretarios de Ambiente. Todo lo vinculado con los funcionarios provinciales y la Barrick quedó en manos del juez de Jáchal.
Las nuevas medidas fueron ordenadas por Casanello en respuesta a un pedido de "Asamblea Jáchal no se toca", querellante en la causa. Fuentes judiciales explicaron que la determinación del daño ambiental es clave para saber si hubo responsabilidad penal de los funcionarios nacionales.
Además del derrame de 2015, se denunciaron otros dos presuntos derrames en 2016 y en 2017. Casanello delegó las investigaciones en Ramiro González. Además de ser el fiscal del caso, González es el titular de la fiscalía especializada en medioambiente.
Sin embargo, las pruebas, por su "naturaleza y alcance", las dispuso Casanello. Los responsables de actuar en el terreno serán la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal.
Les encomendó que hicieran juntos "un amplio estudio relativo a la calidad de las aguas que se consumen" en Iglesias y Jáchal para buscar metales pesados. La misma búsqueda les encargó sobre "especies vegetales y animales" y sobre "muestras de suelo". En cuanto a los habitantes, solicitó determinar si los niveles de metales pesados en sus organismos se adecuan a los valores normales y si hubo "impactos en la salud".
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